El PRO recusó al juez que pedía computadoras para estudiantes sin recursos

Sin demora ni mayor innovación en los argumentos esgrimidos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires recusó el juez porteño que había dispuesto crear un “registro judicial de estudiantes con necesidades informáticas no satisfechas” para recibir y tramitar “las solicitudes de equipamiento informático y de conexión a Internet de todas las personas que integran el colectivo afectado”. Con esa medida, Roberto Andrés Gallardo, titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, había buscado una vía alternativa ante el prolongado incumplimiento del Ejecutivo local, que nunca acató su orden de entregar computadoras y brindar conectividad a las alumnas y alumnos de la Ciudad que no tienen los recursos para la continuidad educativa en tiempos de pandemia. Según un relevamiento del gremio docente UTE, sólo el 47% de los chicos puede mantener hoy contacto digital con las escuelas o sus docentes.

La medida cautelar de Gallardo había surgido de una acción de amparo impulsada por distintos actores sociales y buscaba atender, sobre todo, la situación de vulnerabilidad en las villas y barrios más postergados del distrito. Ahora, tras la recusación del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el juez quedó fuera del expediente hasta tanto se expida la Cámara de Apelaciones. Mientras, la causa pasará a otro tribunal del fuero. En lo concreto, esto significa que el registro –que ya había recibido casi 100 solicitudes de equipamiento– queda, de hecho, planchado hasta nuevo aviso.

Para solicitar el desplazamiento del juez, los abogados del PRO apelaron a un “combo” de figuras que no atacan el fondo de la cuestión, sino que desaprueban  los procedimientos aplicados por el tribunal actuante. El escrito sostiene que Gallardo cometió “falta de imparcialidad”, que se apartó de las reglas del debido proceso y que violó la garantía del juez natural.

En su presentación contra Gallardo, el PRO no cuestiona el fondo de la medida, sino que desaprueba los procedimientos judiciales aplicados.

Es la segunda recusación del PRO en este mismo expediente: la primera fue incluso antes de que el juez tomara  medida alguna y tuvo exactamente los mismos argumentos, pero fue desestimada por la Sala III del tribunal de apelaciones.

La decisión de Gallardo de implementar un registro donde recolectar las demandas de los estudiantes que sufren la brecha digital potenciada por la cuarentena, llegó luego de un largo incumplimiento por parte del larretismo, que había hecho oídos sordos a una acción de amparo que era acompañada por múltiples actores: ACIJ, UTE, la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Asesoría Tutelar y, más recientemente, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.

Un relevamiento del gremio docente UTE reveló que sólo el 47% de los chicos puede mantener contacto digital con las escuelas o sus docentes.

A contramano de los datos y casos acumulados en el expediente, la Ciudad sostuvo que “el Ministerio de Educación se encuentra implementando las medidas y los medios que aseguran el sostenimiento de las trayectorias educativas”, entre los que mencionó “material impreso, cuadernillos y libros”, además de otros recursos, incluido “el préstamo de los equipos disponibles”. Justamente, la clara insuficiencia en la entrega de esos recursos, advertida y denunciada por los amparistas, es lo que había derivado en la medida cautelar dispuesta a principios de mes.

En su resolución del 29 de junio, donde ordenó crear el registro, el magistrado había detallado cómo, agotado el plazo que la Ciudad tenía para entregar computadoras portátiles, notebooks o tablets a los estudiantes afectados e instalar en los barrios las  torres de WIFI, la gestión de Rodríguez Larreta ni siquiera había facilitado los informes solicitados. “Sólo cabe concluir que el GCBA ha incumplido, a pesar del tiempo transcurrido desde el vencimiento de los plazos acordados, todas y cada una de las obligaciones que le fueran impuestas cautelarmente”, consideró el juez.

En cambio, como vuelve a quedar demostrado, el gobierno porteño no demora un segundo en plantear apelaciones y pedir que aparten a determinados jueces.

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