30.11.2013. El oficialismo porteño tiene la intención de aprobar, en las últimas sesiones de la Legislatura de este año, la creación de un instituto externo que -según dicen quienes impulsan el proyecto- servirá para evaluar la calidad educativa. Sin embargo, no cuenta con mayoría para que el proyecto se convierta en ley, dado que tiene 28 diputados propios más un aliado. Esto quiere decir que necesitará el apoyo, ausentismo u abstención de uno o dos diputados de la oposición.
Un ejemplo para tener en cuenta, recuerdan fuentes de UTE (Unión de Trabajadores de la Educación), es lo que ocurrió en 2011 cuando el PRO le dio al entonces legislador con mandato vencido Sergio Abrevaya la presidencia del Consejo Económico y Social de la Ciudad a cambio de que este votará la ley de eliminación de las Juntas de clasificación docentes. “El reparto de cargos entre legisladores que terminan su mandato”, afirma la fuente citada, “es utilizada para lograr ausentismos, abstenciones o votos a favor”.
De la Ley Abrevaya lo único que se cumplió hasta el momento es que los docentes ya no votan a los miembros de las Juntas. “Al igual que ocurrió con las inscripciones on-line, la informatización del sistema es la excusa para aprobar leyes que buscan la privatización”, acusa el sindicato docente.
Es en este sentido que ven al proyecto de ley, que lleva como mascaron de proa la creación del instituto de evaluación, como “una privatización encubierta de la evaluación educativa” ya que contempla la contratación de organismos privados nacionales o extranjeros para realizar evaluaciones a las escuelas.
En relación a esto, la UTE se pronunció a favor de una ley de evaluación que “incluya la participación de las familias, los estudiantes y los docentes, que no sea punitiva y que evalúe de manera integral al sistema educativo.”