La UTE participó de la movilización que convocaron vecinos y organizaciones del barrio de Soldati al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Estuvo presente junto a la comunidad educativa de la EMEM Nº 5 del Distrito 19º, escuela a la que concurria Cristian, el Secretario de Relaciones Institucionales de UTE, Gustavo Chizzolini.
La muerte de Cristian, al caer una baranda de un complejo habitacional que depende del IVC, se suma a otras muertes de niños y jóvenes en nuestra ciudad, producto de la desprotección que padecen los sectores populares por parte del gobierno macrista.
El IVC es copropietario del complejo, y vecinos y organizaciones denunciaron al Ejecutivo de la Ciudad el incumplimiento de la ley 623, que declara la emergencia edilicia y ambiental del barrio y en su artículo 9 dispone que el gobierno porteño «adopte las medidas necesarias para la solución de las fallas estructurales, vicios de construcción, mejoras de infraestructura y saneamiento ambiental».
En el distrito más rico en términos presupuestarios, realizar un ajuste en vivienda, educación y salud, como viene aplicando sistemáticamente el Gobierno Porteño, es una decisión política de desprotección y privación de derechos de los sectores populares. Una decisión que provoca muertes.
Esta política se expresa sin ambigüedades cada año en la reducción del presupuesto en vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Desde que el PRO asumió la gestión de Gobierno no sólo disminuyó la participación de la inversión en materia de vivienda a límites insospechados sobre el total del presupuesto, además subejecutó las partidas todos los años. Pero en el caso de edificio de Soldati que se llevó la vida de un adolescente de 17 años, a esa desidia se sumó la decisión de deliberada de apelar un fallo que obligaba al gobierno de Macri a hacerse cargo de la reparación de los problemas estructurales de ese edificio ya que formaba parte de un complejo de viviendas construido por el Estado hace varias décadas. El macrismo, no satisfecho con apelar esta resolución, lo que muestra su manifiesta intención de no asumir la responsabilidad estatal, incumplió luego un fallo de segunda instancia donde la Cámara ratifica la primera orden y establece la obligación del gobierno porteño de reparar el inmueble. Incluso el Gobierno reconoció sin querer su responsabilidad cuando, en la última campaña electoral, realizó la pintura exterior de esos edificios. Encontró más rentable electoralmente, en su lógica férrea del costo y el beneficio, pintar de colores las fachadas que reparar las barandas como exigían los vecinos.