UTE acompañó el pedido de juicio político a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

La Unión de Trabajadores de la Educación acompañó la iniciativa de las y los legisladores porteños de la oposición que impulsan el juicio político para cuatro de los cinco jueces del máximo tribunal de la Ciudad.
La presentación fue anunciada en una conferencia de prensa frente a la Legislatura que reunió a todos los sectores que conforman la comunidad educativa porteña.
El pedido de juicio político contra Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano se fundamenta en la vergonzosa sentencia definitiva con la que rechazaron el amparo que ordenaba al Gobierno de la Ciudad garantizar a un niño una vacante en la escuela pública. El fallo del TSJ indica que solamente podrán reclamar vacantes en establecimientos estatales aquellas personas que demuestren que no pueden pagar una institución privada.
Esta decisión viola el Artículo 24 de la Constitución de la Ciudad que indica que es obligación del Gobierno de la Ciudad garantizar la vacante a las personas que opten por la escuela pública.
Durante la conferencia, la legisladora Lorena Pokoik del Frente de Todos afirmó que el fallo “es inédito y le da la espalda a todo lo que hemos avanzado en conquistas de derechos. Es un fallo discriminatorio que está basado en la mercantilización de la educación pública”.
La diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores Myriam Bregman calificó al fallo como escandaloso y violatorio de la Constitución de la Ciudad y de “todos los tratados de derechos humanos que hablan de la progresividad de derechos”.
La Secretaria de Prensa de UTE Paula Galigniana, explicó que mientras se desarrollaba la conferencia de prensa, la Secretaria General del sindicato, Angélica Graciano, estaba declarando en la causa que le abrió el gobierno de Larreta por defender la transparencia en los actos públicos de acceso a cargos docentes. “Esta maniobra no es un hecho aislado, viene encadenada con todo lo que hace el Gobierno de la Ciudad que utiliza a la justicia para ajustar en educación”, indicó.
Participaron de la actividad Jorge Adaro de Ademys y Alejandra López de SADOP quienes acompañaron el repudio al fallo del TSJ. También estuvieron presentes las y los legisladores del Frente de Todos Lucía Campora, María Bielli, Cecilia Segura, Laura Velasco, Victoria Montenegro, Juan Manuel Valdés, Leandro Santoro, Javier Andrade, Santiago Roberto, Manuel Socias, Matías Barroetaveña. Por el Frente de Izquierda y los Trabajadores estuvo el legislador Pablo Almeyda.
Entre las organizaciones presentes estuvieron Cooperadores en Movimiento, con su titular Pablo Cesaroni; Micaela López Rodríguez, de La vacante es un Derecho; Amparo López, del Centro de Estudiantes del lenguas Vivas; Camila Carrillo del Centro de Estudiantes del Mariano Moreno; y Ester Levy de FEDUBA.
Sumaron sus adhesiones las Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres Línea Fundadora; Familias de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas Comisión Zona Norte; Familiares y compañeros de los 12 de Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; la APDH y Argentina por los Derechos Humanos y Buena Memoria, entre otros organismos defensores de los Derechos Humanos.

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