15.05.2015. Organizaciones sociales, políticas y sindicales se concentraron en Páez y Terrada, frente al inmueble en que fallecieron Rolando y Rodrigo y marcharon al local de la calle Viale, incendiado en 2006 y donde murieron sesis personas.
Roly Villani
Cerca de 1000 personas marcharon ayer por el barrio de Flores en reclamo por la muerte de dos niños en el incendio de un taller clandestino el pasado 27 de abril. El acto comenzó cerca en la esquina de la Plaza de los Periodistas, en Terrada y Paez, exactamente en el lugar en que ocurrió el hecho dramático. Esteban Mur, padre de los chicos muertos dijo: «En este lugar trabajábamos cinco adultos; mis hijos nunca trabajaron, es más, jugaban en esta misma placita.»
«Nuestra familia está destruida, mis otros dos hijos sobrevivieron porque estaban en la casa que alquilamos en Villa Celina, porque acá en el taller solo vivíamos durante la semana; no sabemos cómo vamos a seguir adelante», dijo Esteban, quien agregó: «Ver en este acto la solidaridad de tanta gente es algo que reconforta y que uno agradece mucho, porque no se trata sólo de que haya justicia para nuestros hijos, sino de que nunca vuelva a pasar.»
Desde allí, la marcha pasó primero por la escuela primaria donde los niños estudiaban, para finalizar frente al taller clandestino de la calle Viale, donde nueve años atrás, en 2006 se produjo otro incendio que causó la muerte de seis personas. Todas las agrupaciones del kirchnerismo y de la izquierda se congregaron en el lugar, al cual también asistieron legisladores del FPV, de Nuevo Encuentro y de Seamos Libres, más las distintas ramas de la CTA. «No puedo más, me da vergüenza y me quema haber perdido dos pibes», dijo Juan, el maestro de Rolando y Rodrigo Mur, de cinco y diez años.
Pasadas las 10 de la mañana del lunes 27 de abril, un incendio se cobró las vidas de los niños de siete y diez años en el taller textil clandestino que funcionaba en el subsuelo de un edificio ubicado en Páez al 2700. Amparo Menchaca y Julián Rojas, de 40 y 45 años, sobrevivieron. Todos venían de Bolivia a intentar mejorar su posición económica trabajando en la creciente industria textil porteña. En octubre de 2014, la ONG La Alameda había presentado una denuncia sobre ese taller textil, entre otros 40 del barrio de Flores. Ese lugar nunca fue inspeccionado ni controlado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La puerta de acceso al viejo edificio estaba semi tapiada y los vecinos veían regularmente camiones que cargaban y descargaban telas.
En el acto de ayer frente a ese mismo lugar, le tocó hablar más tarde a, Juan Vásquez, referente de la Asamblea de Trabajadores Textiles y miembro de la agrupación Simbiosis Cultural, quien reclamo que no se estigmatice más al sector. «Cuando dicen que lo nuestro es trabajo esclavo nos están infantilizando y estigmatizando, la cuestión es más compleja y necesitamos abrir los talleres para que todos los trabajadores podamos buscar una solución a las condiciones de trabajo que sufrimos.»
Entre los bombos de los sindicatos hubo muchos vecinos del barrio de Flores y muchos integrantes de la comunidad boliviana a quien, curiosamente, no se le suele convocar para que dé su opinión. Más adelante, Vásquez afirmó: «Un reto importante es salir de esa posición victimista y legalista que lo único que logra es que se muden los talleres para continuar con las mismas prácticas.»
Sobre el final del acto, habló a la multitud Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). «En ese taller no había trabajadores clandestinos, –dijo– había y hay dignos trabajadores como Esteban, el papá de Rolando y Rodrigo. Dignos trabajadores como tantos que envían a sus hijos a una escuela pública, cuyos maestros están acá. Una escuela que está de luto porque hay dos bancos vacios.»
La causa seguirá en el fuero federal
El juez de instrucción Manuel Gorostiaga remitió al fuero federal la causa en la que se investiga la muerte de los dos niños ocurrida el 27 de abril por un incendio en un taller clandestino del barrio porteño de Flores, al determinar que esas muertes fueron «consecuencia del delito de trata de personas».
«Ha quedado demostrado que en el sitio donde perdieron la vida los menores Aidar Rolando Mur Menchaca y Rodrigo Menchaca funcionaba un taller textil clandestino y en dicho lugar vivía en condiciones de hacinamiento e insalubridad, por lo menos siete personas de nacionalidad boliviana», detalló. Sobre ese extremo apuntó que los trabajadores hacían las tareas «bajo las órdenes de terceros hasta el momento no individualizados, quienes los explotaban laboralmente» por lo que «nos encontramos en presencia de una consecuencia directa del delito de trata de personas con fines de explotación laboral». En el expediente –que ahora investigará el juez federal Rodolfo Canicoba Corral– el magistrado de instrucción tuvo por acreditado que cuando ambos niños «perdieron la vida se encontraban dentro de un sótano, sin conexión con el exterior, sin otra abertura que una escalera, y al producirse el foco ígneo el ambiente mismo operó como una suerte de jaula.»