La Unión de Trabajadores de la Educación acompañó hoy a lxs vecinxs del Barrio Padre Carlos Mugica en la conferencia de prensa que realizaron en la puerta de la Legislatura porteña, para que se garantice el acceso a una vivienda digna y una urbanización real.
Durante la ronda de prensa se rechazó la Ley 671 de enajenación de tierras públicas por la que el Gobierno de la Ciudad tiene la facultad de disponer del 100% de los terrenos que hoy habitan más de 60.000 personas. También se plantearon las inconsistencias e inequidades expresadas en el conjunto normativo formado por las leyes 6129-6131 y la falta de sensibilidad social del Gobierno de Rodríguez Larreta hacia quienes habitan el Barrio Padre Carlos Mugica.
Desde UTE exigimos al Gobierno que deje de priorizar los negocios inmobiliarios con las tierras de la villa 31 y escuche la voz de lxs vecinxs para la urbanización.
La conferencia de prensa convocada por la Mesa Participativa y Rotativa de Urbanización del barrio de Retiro fue acompañada por la Corriente Intervillera. También estuvieron presente el Secretario General de UTE, Eduardo López, delegadxs del Polo Educativo Mugica, el colectivo “La Poderosa”, el Centro político y Cultural “El Hormiguero” y el Instituto Superior de Formación Docente con perspectiva barrial “Dorita Acosta”, entre otrxs.
A continuación reproducimos la declaración de la Comunidad del Barrio Carlos Mugíca que se leyó durante la conferencia de prensa:
DECLARACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO PADRE CARLOS MUGICA
Julio de 2019
La lucha histórica de quienes habitaron y habitan el Barrio Padre Carlos Mugica (Villa 31 y 31 Bis) siempre estuvo orientada a su consolidación como espacio urbano integrado a la Ciudad de Buenos Aires donde las familias puedan ejercer su derecho inalienable a una vivienda digna.
En diciembre de 2009, esa tradición de lucha logró un hito fundamental: la sanción de la Ley de Urbanización 3343. Progresivamente, el Gobierno de la Ciudad fue restringiendo los espacios de diálogo y participación de vecinas y vecinos, para terminar -9 años después, en diciembre de 2018- sancionando la Ley 6129 y, hace pocos días, aprobando el proyecto de Ley 671, que amenazan con un fuerte retroceso en el proceso de urbanización.
Para urbanizar el Barrio Padre Carlos Mugica, el Estado Nacional transfirió a la Ciudad de Buenos Aires -en diciembre pasado- los terrenos sobre los que se extiende la Villa 31 y 31 bis. En lugar de hacerlo en cumplimiento de los compromisos de urbanización del barrio, lo hizo -según los considerandos del proyecto- en el marco de compromisos internacionales asumidos para la construcción del Paseo del Bajo (Ley 6131).
El pasado 4 de julio, la ‘escribanía legislativa’ (que es completamente funcional al Ejecutivo porteño), aprobó la enajenación de todas las tierras que conforman la Villa 31 y 31 Bis, entre otros predios de la Ciudad. Es decir, la Legislatura le liberó las manos al Jefe de Gobierno para que disponga de esos
547,372m2, tasados en un valor total de $ 5.128.630.000.- En el Anexo de la Ley 6131 señala explícitamente que la transferencia se realiza para cubrir parte de la deuda del Paseo del Bajo y demás obras ferroviarias. Esta es la razón por la que rechazamos hasta último momento el Proyecto de Ley 671 y hoy nos vemos obligados a expresarnos.
Nuestros temores no son infundados, el proyecto de gentrificación de nuestro barrio ya está en marcha y este instrumento solo lo acelerará. Pruebas contundentes de este proceso son:
– Los artículos 52 y 53 de la ley 6129, que establecen los mecanismos para la venta de nuestras viviendas a terceros que no vivan en el barrio padre Mugica sin restricciones a la especulación inmobiliaria.
– Las relocalizaciones de las familias que viven bajo la autopista Illía, cuando el mismo Gobierno tiene en curso las obras para desafectar esa traza como autopista. Se pretende que pasen a ser deudores hipotecarios por 30 años de viviendas construidas con paneles de yeso (con baja resistencia a impactos o al fuego, sin aislación acústica), instalaciones eléctricas a la vista, paredes exteriores de chapa, sin soluciones de accesibilidad, sin acceso al servicio de gas natural, sin terminación en pisos, paredes ni cielo raso, a un valor de la tierra que triplica la tasación oficial y con cláusulas leoninas.
– Los modelos de escritura entregados a los vecinos y vecinas de bajo autopista incluyen cláusulas que autorizan la ejecución de la vivienda tras una mora de 1 (un) mes en el pago de la cuota de la vivienda o los servicios (cláusula 7) y la cancelación de la hipoteca mediante el reintegro del inmueble (cláusula decimoprimera) entre otros artículos abusivos. De no modificarse estas cláusulas violatorias del derecho a la vivienda para Bajo Autopista, corremos el riesgo de que este modelo de escritura se replique para todo el barrio tras la aprobación del proyecto de ley 671.
– Por otro lado, la instalación de empresas multinacionales en terrenos del barrio, sienta un precedente de lo que pretende hacer el gobierno de la ciudad con las tierras recientemente enajenadas y que no tienen un proyecto social asociado. ¿Cómo podrán competir las actividades económicas de las y los vecinos frente a estas empresas externas al barrio?
– Otra prueba de este proceso de gentrificacion ya iniciado es la venta incontrolada de terrenos y viviendas entre vecinos/as, a la que la secretaría hace la vista gorda. Los vecinos y vecinas que llegan hoy al barrio y compran una vivienda no serán beneficiarios del proceso de urbanización y se convertirán en blanco fácil de expulsión, junto a los miles de vecinos y vecinas que habitan estas tierras hace muchos años y que aún no han sido censados por el gobierno de la ciudad. En su resolución 158/SECISYU/2019 el GCBA acaba de definir que no habrá nuevas instancias para incorporar a los y las vecinos no censados, lo que deja afuera – incluso- a históricos habitantes del barrio.
– El organismo a cargo de las obras en el Barrio, la SECISYU dirigida por Diego Fernández, ha relegado trabajos urgentes como la infraestructura eléctrica por lo que se producen continuos cortes de energía e incluso han generado incendios que produjeron muertes y cuantiosas pérdidas y perjuicios; además, no garantiza la protección de vecinas y vecinos, especialmente de niñas, niños y personas mayores o con movilidad reducida, cada vez que autoriza la realización de obras en calles -pavimentación o tendido de cañerías- sin respetar mínimas normas de seguridad e higiene.
Todas estas son las razones que fundan nuestro temor y nuestro rechazo al proyecto que se aprobó en la Legislatura el jueves pasado. Los y las vecinos queremos una solución real y a largo plazo de nuestro problema habitacional, y no instrumentos que facilitan de manera encubierta la expulsión lenta de los habitantes del barrio, esta vez con las leyes del mercado y artilugios legales.
Rechazamos cualquier intento de utilizar la enajenación votada por la Legislatura para vender las tierras al mejor postor; estas tierras sólo deben tener como destino la titularización del dominio por parte de quienes habitan la Villa 31 y 31Bis; rechazamos cualquier intento por poner en marcha negocios inmobiliarios que terminarán expulsando a miles de familias, vulnerando su derecho a la vivienda digna.
Finalmente, repudiamos que el Gobierno de la Ciudad pretenda acelerar inauguraciones y relocalizaciones con evidentes fines electoralistas, sin dar solución a las necesidades de nuestro Barrio Padre Carlos Mugica. Queremos una real urbanización y la radicación definitiva para nuestras familias.
Lo hemos dicho muchas veces y lo repetiremos hasta el final. ¡La Villa 31 no se vende, se defiende!
Buenos Aires, jueves 11 de julio de 2019.