La Unión de Trabajadores de la Educación rechaza la designación de Emilio Jesús Alonso como interventor de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este sentido, solicitamos a los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que se realice una elección del Defensor/a del Público con candidatas y candidatos idóneos para el cargo y sometidos al conocimiento público para recibir adhesiones e impugnaciones. Esto debe realizarse dentro de los 60 días de plazo que establece la Comisión.
Sólo la participación democrática de todos los sectores sociales podrá resguardar la pluralidad y diversidad de voces y garantizar así el legítimo derecho al ejercicio de la Ciudadanía Comunicacional. Es necesario, a su vez, el respeto a la institucionalidad de la defensoría y de las políticas que viene llevando adelante. Muchas de esas acciones institucionales han favorecido el ejercicio de los derechos de los y las docentes de la Ciudad tanto en la intervención puntual del organismo en situaciones donde esos derechos se vieron vulnerados por medios de comunicación como a través de instancias de formación que redundaron en mejoras concretas para el sistema educativo.
Tras dos años de acefalía en la Defensoría la alianza gobernante avanza nuevamente contra el derecho a la libertad de expresión, la diversidad de voces y a la democracia comunicacional, al designar un interventor sin antecedentes comprobables y por fuera del debido proceso de elección.
Por ello, exigimos que se garantice un procedimiento claro y participativo, como indica la LSCA, para la elección de un/a defensor/a, donde se valore el trabajo y la función de la Defensoría del Público. No queremos un sistema de medios propio de un régimen autoritario que concibe a la comunicación como un negocio para los amigos del poder, sino un sistema democrático que garantice el derecho a la información de todos los ciudadanos.