Por el derecho a la comunicación libre y democrática, rechazamos la intervención de la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual

La Unión de Trabajadores de la Educación rechaza la designación de Emilio Jesús Alonso como interventor de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este sentido,  solicitamos a los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que se realice una elección del Defensor/a del Público con candidatas y candidatos idóneos para el cargo y sometidos al conocimiento público para recibir adhesiones e impugnaciones. Esto debe realizarse dentro de los 60 días de plazo que establece la Comisión.

Sólo la participación democrática de todos los sectores sociales podrá resguardar la pluralidad y diversidad de voces y garantizar así el legítimo derecho al ejercicio de la Ciudadanía Comunicacional. Es necesario, a su vez, el respeto a la institucionalidad de la defensoría y de las políticas que viene llevando adelante. Muchas de esas acciones institucionales han favorecido el ejercicio de los derechos de los y las docentes de la Ciudad tanto en la intervención puntual del organismo en situaciones donde esos derechos se vieron vulnerados por medios de comunicación como a través de instancias de formación que redundaron en mejoras concretas para el sistema educativo.

Tras dos años de acefalía en la Defensoría la alianza gobernante avanza nuevamente contra el derecho a la libertad de expresión, la diversidad de voces y a la democracia comunicacional, al designar un interventor sin antecedentes comprobables y por fuera del debido proceso de elección.

Por ello, exigimos que se garantice un procedimiento claro y participativo, como indica la LSCA, para la elección de un/a defensor/a, donde se valore el trabajo y la función de la Defensoría del Público. No queremos un sistema de medios propio de un régimen autoritario que concibe a la comunicación como un negocio para los amigos del poder, sino un sistema democrático que garantice el derecho a la información de todos los ciudadanos.

 

COMPARTIR
X