13.04.2013. Son casi 7000 niños que no tienen acceso y el 76% vive en el sur de la ciudad. Padres, legisladores y sindicalistas hicieron un petitorio.
Un total de 6867 de niñas y niños no pueden acceder a vacantes de nivel inicial en los establecimientos públicos de la Ciudad de Buenos Aires y el 76% vive en el sur, denunciaron ayer un grupo de padres, miembros de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA), el legislador Francisco Nenna y los miembros de la comuna 4 Victoria Corbalán y Maximiliano Nenna durante la movilización a la sede del gobierno porteño, donde entregaron un pedido de audiencia a Mauricio Macri.
La manifestación destacó que incluirlo a todos implicaría la apertura de 40 jardines –a los 200 que ahora existen– y, por otro lado, exigió el control de subsidios a escuelas privadas y la regulación de jardines particulares, a donde deben ir los infantes ante la falta de espacio en la oferta estatal.
«La educación es un derecho esencial y social y debe ser garantizado por el Estado –destacó Nenna–, por lo que estamos planteando la apertura de nuevas instituciones educativas, para garantizar el derecho de todos estos niños y niñas de la Ciudad.» Eduardo López, secretario general de UTE-CTERA, recordó que «la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la educación inicial es universal, por lo tanto, cualquier familia que elige enviar a sus niños a un jardín del Estado tiene el derecho de tener una vacante». «Nosotros los docentes, que sabemos que la educación inicial comienza a los 45 días y se prolonga hasta los cinco años, vemos que los niños que empiezan primer grado y que pasaron por un jardín de infantes tienen más conocimientos que los niños que no lo hicieron, entonces ya desde el primer grado no se está garantizando la igualdad de oportunidades», agregó López.
Según el dirigente, donde más se necesitan establecimientos es en el zona sur de la Ciudad, donde pululan los jardines truchos «sin habilitación ni control pedagógico, que creemos que tienen un aval implícito de las autoridades», enfatizó. «Los dueños de las escuelas privadas se quejan por el recorte de los subsidios a sus emprendimientos educativos porque dicen que tienen derecho a elegir en qué lugar educan a sus hijos pero nosotros le recordamos al PRO que el derecho social a la educación no se negocia y que quedan 6800 pibes que no tienen lugar en las escuelas públicas porque falta inversión», subrayó.