Un juez ordenó crear en la Ciudad un “registro de estudiantes con necesidades informáticas insatisfechas”.
Hace más de 20 días, la justicia intimó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a entregar computadoras y brindar conectividad a las alumnas y alumnos de escuelas públicas de los barrios más vulnerables de la Ciudad, para quienes resultó imposible la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Desde entonces, sin importar la emergencia sanitaria y las muchas voces que impulsan el reclamo, el Ejecutivo porteño incumple esta orden judicial, a la que incluso buscó bloquear por todas las vías posibles.
Frente a esta nueva “rebeldía” del macrismo respecto de una medida en favor de los sectores postergados, el magistrado a cargo del expediente, Roberto Andrés Gallardo, dispuso la creación de un “registro judicial de estudiantes con necesidades informáticas no satisfechas”, donde se van a recibir y tramitar “las solicitudes de equipamiento informático y de conexión a Internet de todas las personas que integran el colectivo afectado”, según precisa el escrito al que tuvo acceso Contraeditorial.
El gobierno porteño rechazó una intimación de la justicia para entregar computadoras y brindar colectividad a alumnos de barrios vulnerables.
Con los pedidos que se acumulen –para lo que se habilitó el correo [email protected]–, el juez irá generando “lotes de intimación” para ordenar, en un tiempo perentorio, el suministro a la nómina de alumnos de equipos que deben contar con un chip 4G, es decir, con “datos” ya incluidos y que no requieren de las antenas de WIFI que la Ciudad nunca instaló.
La resolución indica que “se cursará la pertinente orden a la demandada, quien deberá instrumentar la entrega en forma inmediata”, ya sea en el establecimiento educativo indicado o por medio de sus directivos.
Ya conocida la actitud que el PRO suele tener con estos fallos que atañen a derechos vulnerados en villas y barrios populares del distrito más rico del país, de no cumplirse con lo ordenado, se abren dos vías judiciales. En primer lugar, es probable que sobrevenga una sanción a las autoridades del Ministerio de Educación porteño, por no acatar. Y si continúa sin haber una respuesta, puede ocurrir los que se conoce como una “ejecución forzada”, esto es, el embargo de recursos para proceder a la compra de los equipos requeridos.
El juez Gallardo dispuso la creación un registro de estudiantes con necesidades informáticas no satisfechas, para tramitar los pedidos de equipamiento y conexión a Internet.
Gallardo indicó que podrán realizar la incorporación al registro los interesados o sus abogados, las entidades que presentaron el pedido de amparo –ACIJ, el gremio docente UTE y la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad–, maestros y maestras, y personal directivo y de supervisión de las escuelas. Y cada día, la Secretaría N° 4 hará pública la nómina de los inscriptos.
Esta decisión del juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 es un intento por sortear la inacción gubernamental. Llega después de un largo incumplimiento por parte del larretismo, cuya primera reacción, incluso antes de que el juez tomara medida alguna, fue pedir que le sacaran la causa, y luego apeló para dejar sin efecto sus resoluciones.
La primera reacción del gobierno porteño no fue garantizar las computadoras y la conectividad a los chicos de las villas, sino pedir que le sacaran la causa a Gallardo y apelar sus resoluciones.
Agotado y largamente superado el plazo que la Ciudad tenía para entregar computadoras portátiles, notebooks o tablets a los estudiantes e instalar en los barrios las torres de WIFI, la gestión de Rodríguez Larreta no movió ni un dedo al respecto, ni siquiera para facilitar los informes solicitados. “Sólo cabe concluir que el GCBA ha incumplido, a pesar del tiempo transcurrido desde el vencimiento de los plazos acordados, todas y cada una de las obligaciones que le fueran impuestas cautelarmente”, resumió Gallardo.
También consideró que, “en lugar de dar cuenta de la entrega efectiva de dispositivos informáticos a los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad social, se concentró en reiterar conceptos ya vertidos al cuestionar la medida cautelar, relativos a la supuesta continuidad pedagógica y a las virtudes del material impreso que se habría entregado”.
La situación particular de este expediente es otra muestra del método con el cual, de manera sistemática, el macrismo rechaza y desoye los fallos judiciales que buscan atender el reclamo de las personas, instituciones y barrios más postergados de la Ciudad, que son a la vez los más afectados por el Covid-19.
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