Pese al rechazo unánime de los Consejos Superiores de los Institutos de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de Ley que, bajo el pretexto de crear una universidad pedagógica, desintegra la totalidad de los profesorados. Mientras el pleno de los Rectores y órganos de gobierno de estas casas de estudio se reunía en la sede del Instituto Joaquín V. González para suscribir un documento que expresa la firme voluntad de defender la unidad académica de las 29 instituciones dedicadas a la formación docente, el gobierno de Rodríguez Larreta giraba al Poder Legislativo una reforma que nuevamente se intenta llevar a cabo a espaldas de la Comunidad.
Las y los docentes exigimos que se convoque a la participación de la comunidad educativa, de los pedagogos, de las universidades, de docentes y estudiantes y el debate sea abierto y sin los condicionamientos temporales que impone la lógica marketinera del PRO.
Por otra parte, el argumento de que con el cambio del título terciario por el universitario se reduciría la falta de docentes que únicamente ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, no resiste el más mínimo análisis. La CABA es la única jurisdicción del país, descontando a las provincias petroleras, cuyos docentes ganan, en promedio, menos que el resto de los ocupados con una formación similar.
En conclusión, si el problema que se quiere combatir, es la escasa cantidad de aspirantes a la docencia, la principal hipótesis para trabajar no debiera ser la de prestigiar el título a través de volverlo universitario, sino que se debe buscar que el sueldo docente de la jurisdicción sea «competitivo» con otras alternativas laborales que tienen los posibles aspirantes. Al mismo tiempo, el Gobierno debería dejar de estigmatizar y atacar a los docentes si su preocupación es jerarquizar el trabajo docente.
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