29.09.2012. La jueza porteña Elena Liberatori «dejó sin efecto» el instructivo que dispuso el gobierno porteño para que las autoridades educativas denuncien a las comisarías la toma en colegios de la Ciudad de Buenos Aires.
La medida judicial fue informada en conferencia de prensa por el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo porteña, Roberto Gallardo, junto a dirigentes de la UTE-CTERA, quienes con legisladores porteños se presentaron ayer ante la justicia para denunciar el instructivo que el gobierno porteño envió a los rectores.
El titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, manifestó que «esta semana el ministro de Educación (Esteban Bullrich), en persona de la vice ministra repartió un instructivo a los rectores de las escuelas ocupadas por los estudiantes».
Asimismo, detalló que la normativa indica a los rectores que deben «concurrir a la comisaría de la jurisdicción del establecimiento a efectos de denunciar la situación de toma».
Por su parte Gallardo señaló que «esta práctica de los memorandums e instructivos para denunciar y perseguir la protesta estudiantil no es un dato novedoso. En el mismo juzgado se registran antecedentes en el 2008 y en el 2010».
Con respecto al carácter formal del instructivo en cuestión, Gallardo explicó que «básicamente presenta dos falencias: la primera es que nadie lo firma, más allá de que los entregaron en el ministerio de Educación, ningún funcionario se hace responsable. Tampoco reviste la condición de un acto administrativo ya que no tiene la fundamentación suficiente, ni está basado en normas jurídicas: es una mera orden de denuncia».
«La segunda falencia es que viola claramente el derecho a la protesta legítima de los sectores estudiantiles y trata vanamente de insertarlos en supuestas violaciones a los ordenamientos penales, confundiendo lo que es una protesta con lo que sería una usurpación o un delito contra la propiedad privada, en este caso se trata de establecimientos públicos, con lo cual no hay propiedad privada afectada», aseguró.
En cuanto a la decisión de la jueza Liberatori, Gallardo manifestó que «la justicia ha puesto límite a esta vía, anulando este tipo de instructivo».
Asimismo, destacó que «la Defensoría del Pueblo quiere señalar que la eficacia de los derechos, en este caso a una educación plural, integrativa y solidaria, no se canaliza a través de medidas represivas sino con la utilización de prácticas pedagógicas adecuadas para canalizar el diálogo y la integración de los estudiantes».
En tanto, el legislador porteño Francisco «Tito» Nenna, señaló que «desde el gobierno de la Ciudad plantean establecer la criminalización de la protesta en donde la necesidad es la resolución, convocar a los estudiantes para resolver el conflicto».
En este sentido recordó que «los estudiantes reclaman más educación, que se incorporen materias humanísticas, pero que se respete la especificidad».