Hemos intervenido en innumerables conflictos y venimos denunciando desde la UTE, que peligra la transparencia de los concursos públicos.
El Ministerio impone procesos injustos, bajo el manto encubridor de su ya reiterativo discurso marketinero de la optimización la eficiencia y la modernización
En esta oportunidad, los cambios sobre la marcha afectan los Concursos para Cargos de Conducción, modificando cupos en forma antojadiza, ampliando y limitado la cantidad de participantes convocados, así como la forma en que se realizan dichas convocatorias, y el proceso del concurso (específicamente en la instancia de prueba de oposición).
El problema radica en lo intempestivo de la decisión a mediados del concurso ya en marcha, sin haberlo explicitado en su etapa inicial con la norma correspondiente y notificación de quienes concursen
Esta situación, sumada a otras que acarreamos desde la implementación del Sistema APEL (Acto Público en Línea), genera nuevamente sospechas sobre posibles intenciones de manipulación dirigida a beneficiar a concursantes alineados con la gestión, que de llevarse a cabo el procedimiento en forma tradicional, quedaban fuera de la instancia concursada.
Manipulan la normativa en forma inconsulta y a conveniencia, incorporando y quitando vacantes, extendiendo y limitando periodos de postulación, exhibición de vacantes, comunicación, etc. Los cuestionarios elaborados por Escuela de Maestros, compuestos por preguntas secretas que deben develarse ante quienes participan del concurso en el comienzo del mismo, ya no llegan en sobres lacrados a manos de los jurados a cargo de la evaluación, rompiendo la condición de confidencialidad.
Desde que se constituyó la COREAP el caos, el desorden y la faltas de reglas claras invaden los concursos públicos.
Intentan evadir la participación sindical como garante del derecho de los trabajadores en todos estos procesos.
Desde UTE no vamos a pasar por alto estos atropellos.
Reclamamos reglas claras para el acceso igualitario a los cargos y concursos. Exigimos procedimientos transparentes y comunicaciones en tiempo y forma, información pública para todos los trabajadores de la educación a través de una Resolución oficial que explicite las normativas que avalan dichas modificaciones.