Desde la UTE repudiamos el accionar persecutorio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia las familias con el objetivo de intimidar a lxs jóvenes que ejercieron su derecho a la protesta frente a la falta absoluta de escucha de la Ministra Soledad Acuña a sus reclamos.
El Gobierno anuló cualquier vía de diálogo y ahora realizó 25 denuncias penales a 366 padres y madres por las tomas realizadas por lxs estudiantes. En una escalada de violencia hacia la comunidad educativa, estas denuncias niegan y anulan la voz de lxs chicxs como sujetxs de derecho, enmarcada en la Ley de Protección de Derechos de NNyA.
Este avasallamiento es un intento más del gobierno de dividir a la comunidad educativa, que demostró estar más unida que nunca como lo manifestó en la marcha de 10,000 personas y como lo sigue demostrando en cada iniciativa que se realiza en cada escuela de la CABA.