Pasó una semana desde que las familias del Colegio Nuevo Horizonte de San Cristóbal, fueron informadas que, a menos de 20 días del comienzo de clases, la institución privada iba a cerrar sus puertas por supuestos “problemas económicos”. El colegio funciona hace más de 30 años en Matheu 1472 y abarca los tres niveles educativos: inicial, primaria y Secundaria. A diario recibe más de 400 estudiantes, un tercio de ellos con alguna discapacidad. Las familias denuncian que la decisión del cierre la tenían tomada el 26 de diciembre pasado y que les avisaron a último momento. Por esta razón, durante la jornada, familias, docentes y estudiantes, realizaron un abrazo simbólico al edificio escolar, acompañados por referentes sindicales y educativos. Las familias sospechan que detrás de esta situación se esconde un negocio inmobiliario.
“Continuamos en la misma situación que la semana pasada: acompañando a las familias, tomando decisiones y cumpliendo administrativamente porque la dirección general de Escuelas privadas de la Ciudad, hasta el día de hoy, tampoco se acercaron a la institución”, afirma a este medio Ramón Benítez, el rector del colegio Nuevo Horizonte que la semana pasada fue despedido junto al personal docente y no docente. Tras la jornada de reclamo, Benítez sostuvo en diálogo con Tiempo que él insiste con la gravedad de este hecho: “Esto no es un quiosco, ni una farmacia, y mucho menos una verdulería, donde vamos a comprar un producto para satisfacer necesidades. Estamos hablando de una escuela que tiene que trabajar con jóvenes, niñas y niños que tienen derecho de acceso a la educación”. Al ser consultado sobre el accionar de la familia Montes de Oca, dueña de la institución, manifestó que “todavía los representantes del colegio no dieron la cara para tratar de resolver o de destrabar el conflicto. Solamente tenemos la presentación del Legislador Gabriel Solano, que puede haber una luz en el camino”.
El proyecto de ley presentado por el diputado Solano, declara de utilidad pública al establecimiento y asegura la continuidad pedagógica y laboral, manteniendo los puestos de trabajo de todo el personal. “No puede ser que cierre un colegio en esta ciudad donde faltan más de 56 mil vacantes, y mucho menos por un negocio inmobiliario como todo indica que es lo que va a suceder. El Estado lo tiene que declarar de utilidad pública y proceder a garantizar su continuidad”, explica a Tiempo el diputado porteño del FIT, Gabriel Solano. El legislador del Partido Obrero entiende que en esta situación existe un interés superior a cualquier otro que es la defensa de continuidad de una escuela. “No puede cerrar un establecimiento educativo y mucho menos en vísperas del comienzo de clases, sin darle la posibilidad a cientos de familias de poder encontrar vacantes en otra escuela pública o privada”.
Fuente : tiempoar