Desde la UTE hemos solicitado, con carácter de urgente, una reunión con el Ministro de Educación para plantear nuestra preocupación y exigir la inmediata intervención de las autoridades educativas, tanto en el plano legal como de la seguridad integral, ante las amenazas de bomba que padecen varias instituciones de la ciudad y afectan a todos los niveles educativos en diferentes comunas de la ciudad. Las mismas se han efectuado al 911 y son consideradas por el código penal como un delito federal que atenta contra el conjunto de la sociedad. Asimismo solicitamos a la Justicia que actúe con la celeridad del caso para garantizar el derecho que asiste a nuestros jóvenes y niñxs. Las interrupciones en el normal desarrollo de las clases, las condiciones de educabilidad afectadas y el desplazamiento de estudiantes conforman un problema complejo que afecta directamente al derecho a la educación.
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