Año 7. Edición número 327. Domingo 24 de agosto de 2014
Por Felipe Deslarmes
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) explicitaron en un comunicado que la alianza entre UNEN, el PRO y Graciela Ocaña fue inaugurada con la aprobación de “una ley votada a las apuradas y a espaldas de los docentes, que termina siendo otro ataque a la educación pública bajo el maquillaje de un supuesto interés por la evaluación”, en referencia a la ley que habilita la tercerización de la evaluación del desempeño de los docentes y de los alumnos de todas las escuelas (públicas o privadas) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En un repaso de los reiterados ataques del macrismo a la educación, el secretario general de UTE, Eduardo López, detalló a Miradas al Sur: “Desde que Macri asumió, intenta manchar la escuela pública. Primero acusó a los docentes de ñoquis y el único ñoqui contratado por el Ministerio de Educación y procesado fue Ciro James. Después quiso disciplinar a los docentes y manchar a los representantes electos acusándolos vanamente de irregularidades en la clasificación docente, derogando las juntas y que, a más de cuatro años de sancionada la ley, sigue sin aplicarse y la supuesta modernización brilla por su ausencia. El año pasado quiso reducir la matrícula en la escuela pública mediante la inscripción online pretendiendo despertar sospechas de los directores y supervisores encargados de la inscripción, que durante décadas no tuvieron ninguna denuncia, al contrario de las inscripciones online, que dejaron muchas familias sin su vacante. Sin embargo, los docentes y las familias continúan luchando por el derecho a su vacante. Por último, intentan manchar a los docentes con la mentira de que no queremos la evaluación, cuando lo que rechazamos es el negocio de una evaluación a la chilena que no sirve para transformar ni mejorar la educación”.
UTE realizó un acto en la puerta de la Legislatura porteña y luego consiguió ingresar sus reclamos al recinto donde se votaba. También sumó sus críticas Ademys, otro de los gremios docentes. Pero de nada sirvió el rechazo masivo del sector que denunciaba que la ley votada a las apuradas no es más que otro intento de atacar la educación pública bajo el maquillaje de un supuesto interés por la evaluación.
Mientras algunos legisladores fundamentaban su apoyo a la iniciativa macrista, desde la tribuna le gritaban “chanta” a Graciela Ocaña y canturreaban contra Maximiliano Ferraro que era “alumno de Abrevaya”, en referencia al el ex legislador Sergio Abrevaya, también de la Coalición Cívica, que resultó vital para que el macrismo aprobara la reducción de las Juntas de Calificación Docentes y que (curiosamente) se viera beneficiado, al finalizar su mandato, recibiendo el nombramiento en el cargo de presidente del Consejo Económico y Social, un organismo inexistente hasta entonces “que prometió mejoras que nunca se dieron”, cuestionó López.
Entre los otros legisladores que acompañaron de manera positiva el proyecto macrista fueron Juan Nosiglia, María Eugenia Estenssoro, María Inés Gorbea y Hernán Rossi (de SUMA+); Paula Olivito (Coalición Cívica); Hernán Arce (Partido Socialista Auténtico); y Javier Gentilini (Proyecto Sur). Y votaron en contra: Jorge Taiana y Lorena Pokoik (FpV), Aníbal Ibarra (Frente País Solidario), Pablo Ferreyra (Izquierda Popular), Marcelo Ramal (PO) y Alejandro Bogart (MST); Gustavo Vera (Verde Alameda, ya fuera de UNEN) y Virginia González Gass (PSA) única dentro de Unen que votó en contra.
La legisladora Pokoik criticó “la falta de voluntad para debatir este tema” del macrismo y no dudó en señalar que “un pino no va a tapar la alianza”, ironizando por los dichos del senador nacional Fernando Pino Solanas respecto de su rechazo a que UNEN se alíe a la derecha.
Finalmente, el PRO aprobó el proyecto de evaluación educativa contando con el apoyo de UNEN y el bloque de Ocaña.
López concluyó que “los docentes buscan una evaluación integral, mientras que Macri busca hacer negocios”, y advirtió: “Al PRO no le interesa en lo más mínimo la evaluación ni la educación, lo que hoy aprueban va a demostrar pronto su absoluto fracaso en términos educativos, como ocurrió con la ley de juntas, que a cuatro años de sancionada sigue sin aplicarse, o con la inscripción online, también destinada al papelón. Sin embargo, la comunidad educativa seguirá defendiendo la escuela pública pese a los ataques del macrismo”.