Una sanción que trajo polémica

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09.07.2015. Son la maestra y la directora del jardín al que iba el chico de cinco años muerto a golpes por su padrastro. El Ministerio de Educación porteño las separó en medio de un sumario para determinar si denunciaron las señales de maltrato. Abrazo al jardín en apoyo a las docentes.

El Ministerio de Educación porteño separó de sus funciones a una maestra y la directora del jardín de Flores donde iba el nene de cinco años que murió un mes atrás por una brutal golpiza de su padrastro. La sanción fue dispuesta en el marco de un sumario abierto para evaluar “si cumplieron con el protocolo” para denunciar señales de maltrato en los alumnos. Padres, chicos y el resto de los maestros reclamaron con un abrazo al jardín la restitución inmediata de las docentes.

La maestra es Alejandra Bellini, a cargo de la sala a la que iba el niño, Agustín Marrero, y la directora es Elsa Vincova, del jardín de infantes Nº 2, Distrito Escolar 12 (JIC 2 de 12) del barrio de Flores.

Luego de realizar un abrazo simbólico al JIC, los integrantes de la comunidad educativa cortaron ayer a la tarde varios carriles de la avenida Avellaneda entre las calles Bolivia y Artigas. Allí se hicieron presentes las docentes afectadas y sus compañeros de trabajo; padres y estudiantes de la escuela y representantes sindicales.

El reclamo de padres y docentes es para que “restituyan de inmediato” en sus puestos a la maestra y a la directora, dijo Cecilia Luis, madre de un alumno, quien participó de otra protesta que la comunidad educativa realizó el martes en el establecimiento. Las autoridades educativas fundamentaron la medida en un “supuesto protocolo” que “hay que seguir” en estos casos, señaló la mujer, quien junto a un grupo de padres rechazó la decisión del Ministerio “porque perjudica a los demás chicos”.

“Detrás de los escritorios, los funcionarios toman decisiones sin medir los daños. ¿Qué les decimos a nuestros hijos? ¿Por qué no están más ni la maestra ni la directora?”, cuestionó.

En los reclamos, la comunidad solicitó que se “aplique justicia al padrastro de Agustín Marrero”, que murió el 9 de junio pasado.

En diálogo con este diario, Matías Segreti, padre de una nena de la sala de tres años y docente de UTE, explicó que “hace cuatro semanas, cuando tuvo mucha repercusión el caso de Agustín, algunos padres y vecinos del barrio empezaron a responsabilizar a las maestras”, sin conocer que ellas “se manejaron dentro de sus posibilidades”.

“Nosotros pedimos justicia por Agustín”, aclaró Segreti. “En esta oportunidad se trató de un nene nuevo que estuvo en el establecimiento sólo 28 días.” El chico empezó a cursar tarde luego de que su familia tuviera “problemas con el sistema de inscripción online y fue por eso que desde la escuela no pudieron tener una entrevista previa con el grupo familiar antes de que ingresara”, amplió Segreti. La entrevista permite “conocer la biografía del chico y cómo es su núcleo familiar. Sin ella, a la escuela le falta información importante para trabajar con el estudiante”.

Según el docente de UTE, “la maestra y la directora detectaron que el nene venía golpeado, por lo que citaron a su familia”. Sin embargo, tras hablar con la madre, ella “consiguió certificados médicos en los que se atribuían las lesiones a accidentes que supuestamente tenía Agustín jugando”. Además, “existen actas sobre el caso” que las educadoras elevaron a la supervisión.

Segreti contó que “el Ministerio de Educación accionó en este tema hace una semana, en la junta de disciplina”. Allí se decidió que “iniciaran un sumario y una investigación”. Desde el sindicato creen que el sumario “debe hacerse pero sin desplazamiento. La decisión de desplazar es arbitraria e innecesaria”, amplió el representante de UTE, quien agregó que “las docentes aún no fueron notificadas formalmente del desplazamiento”.

Frente a esta situación, padres y docentes tuvieron ese mismo día una “reunión con la directora del ciclo inicial” donde le comunicaron que consideraban a esta medida como “injusta y arbitraria”. Sin embargo, el resultado de la reunión fue “insatisfactorio”, expresó Segreti. Desde la comunidad educativa esperan ser recibidos mañana por el Ministerio de Educación “para recibir respuestas y definiciones”, amplió.

“Nosotros entendemos que si las condiciones de trabajo fueran mejores y si el nivel administrativo no estuviera congestionado” habrían sido “más profundas las posibilidades de intervenir en el caso por parte de las docentes y de los equipos de orientación escolar”, explicó el docente de UTE. Los equipos de orientación escolar son grupos multidisciplinarios que trabajan situaciones como la de Agustín. Como estos espacios reciben “300 casos semanales”, se hace “muy difícil que trabajen con más eficiencia”, agregó.

Los docentes y padres anunciaron que seguirán reclamando que en la ciudad exista una “política de Estado que destine un mayor presupuesto para los equipos interdisciplinarios, políticas que busquen defender efectivamente los derechos de los niños y que se recupere la centralidad de la enseñanza”.

Mariano Denegris, secretario de comunicación de la UTE, coincidió en que “es correcto que se inicie un sumario para averiguar si la institución llamó a los padres, si hizo las actas para registrar los hechos; lo que no es correcto es separar a los docentes de sus cargos cuando sus acciones no constituyen riesgo para los alumnos”.

La UTE emitió el lunes un comunicado en el que respaldó a la directora y a la docente de la sala naranja turno mañana del JIC Nº 2. Además, Denegris estimó que en vez de responsabilizar a las docentes, “debería ser la preocupación de (el ministro de Educación, Esteban) Bullrich, poner a disposición de las escuelas las herramientas necesarias para enfrentar estas situaciones de maltrato” que puedan sufrir los alumnos.

Informe: María Fernanda Rezzano.