18.04.2013. El joven de 25 años cayó desde un techo sobre el patio cuando los niños de sexto grado estaban en clase de gimnasia. Las autoridades reclamaban desde hace tiempo por numerosas obras de infraestructura pendientes.
Por: Diego Igal
Gerardo Rodríguez, de 25 años, murió el martes por las heridas sufridas al caer desde el techo de una escuela pública del barrio porteño de Villa Crespo. El joven había llegado junto a compañeros para relevar las obras que demanda el edificio ubicado en Julián Alvarez 240, donde funciona un jardín de infantes y una primaria de jornada completa –la Nº 17 Francisco de Vitoria– y un centro de enseñanza para adultos.
El hecho ocurrió cerca de las 15 del martes y la víctima cayó al patio donde mientras los alumnos del sexto grado (12 años) realizaban la clase de educación física.
Según reconstruyó Tiempo Argentino en base a tres fuentes, la cuadrilla llegó por los pedidos insistentes de las autoridades por problemas de infraestructura como cielorraso con boquetes por una obra eléctrica, filtraciones de agua que inundaron una biblioteca, vidrios rotos, baños destruidos, un gimnasio clausurado, una plaga de palomas y la necesidad de pintura en general. Rodríguez subió a la terraza con las dos directivas del colegio, pero el joven decidió trepar al tinglado, pese a las advertencias de las docentes por la precariedad del material. El trabajador no tenía arnés ni casco. Se precipitó al patio, pegó con la cabeza en uno de los bordes de un escenario y terminó en el suelo.
Rodríguez trabajaba en la empresa Mejoramientos Hospitalarios Sociedad Anónima que declara el rubro «limpieza y mantenimiento de edificios». No fue posible conseguir información oficial sobre la compañía y en la filial de la UOCRA se enteraron del incidente trágico por el llamado de Tiempo.
Los docentes de la escuela escribieron una carta para expresar: «desde hace cinco años y en reiteradas oportunidades venimos denunciando las problemáticas edilicias de este establecimiento. No se obtuvieron respuestas suficientes y sí varios accidentes: electrocutamiento, incendio, caída de mampostería y parrillas eléctricas, inundaciones, caída de agua desde los techos. Todos hechos ocurridos en situación de clase y poniendo en riesgo la integridad física y psíquica de los niños y adultos».
También denunciaron que «durante los 40 minutos de espera de la ambulancia, niños y docentes vivenciamos la agonía del joven generando angustia, llanto y descompensación en alumnos y docentes. Más allá de lo terrible de la situación, los alumnos fueron contenidos por sus docentes y el equipo de conducción en todo momento. Exigimos por todo lo expuesto una solución urgente e inmediata para asegurar la integridad física y emocional de los que día a día asistimos a este establecimiento educativo; la presencia física de las autoridades competentes para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa, haciéndolos absolutamente responsables de la muerte ocurrida y de todos los hechos ocurridos año tras año».
La carta finaliza con un pedido: «Para reanudar las actividades diarias necesitamos una respuesta firme, concreta e inmediata y un equipo de contención para abordar con la comunidad educativa esta situación traumática y además la presencia del señor Regazzoni para que certifique que el edificio cumple con las normas básicas de seguridad para ser utilizado como establecimiento educativo. Hasta tanto estas condiciones no estén garantizadas, no expondremos la seguridad personal, física y psíquica de todos los que asistimos a esta escuela.»
El subsecretario de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos Carlos Regazzoni aseguró a este diario que «la angustia de la comunidad es completamente lógica. Fui a verlos para expresarles mi mayor preocupación y darles nuestro apoyo y movilizamos en todo lo que sea necesario para que superen este momento».
Consultado sobre por qué se trabaja en horario de clases, Regazzoni explicó que «la inspección se hizo con los directivos de la escuela. Si no trabajas en horario escolar no podés trabajar». La empresa, indicó Regazzoni, «hace un año y pico» que es contratista del Estado porteño y parte del sistema de tercerización de mantenimiento que implementó la gestión de Esteban Bullrich. Esa política, explicó el funcionario, «es un método más eficiente que nos permite mayor cantidad de obras. Gastamos 160 millones de pesos por año en los 600 edificios. Este sistema nos ha permitido tener medidas contra incendio y dar respuesta rápida como lo demostró el último temporal». Regazzoni aseguró que tienen unos 100 inspectores, que tienen asignados unos 30 o 40 establecimientos para controlar obras y cumplimiento de las medidas de seguridad, aunque muchas veces los mismos docentes avisan de irregularidades.
Ana Ríos, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores de la Educación –que incluyó a esta escuela en las 85 que denunció antes del temporal de Semana Santa como urgida de obras–, opinó que «el gobierno de Mauricio Macri no se hace cargo y terceriza. Entonces hay dos o tres empresas en una misma escuela y la directora tiene que alejarse de las tareas y reclamar y controlar las tareas. Hoy hablábamos con los compañeros cuánto más nos tiene que pasar a los docentes de la escuela pública para que se haga algo».