La Justicia porteña hizo lugar a un amparo presentado por el secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación, Eduardo López y ordenó al Gobierno de la Ciudad que deje de pedir a los docentes “información vinculada a su intimidad para condicionar su acceso” a cargos docentes.
La medida ordena al Ejecutivo porteño que suspenda la exigencia a los docentes de “permitir el acceso del GCBA a la información contenida en el perfil de Google de cada trabajador”.
“Este amparo es un gran triunfo de las trabajadoras y los trabajadores de la educación de la Ciudad porque le pone un freno al abuso de autoridad de un Gobierno que lleva en su ADN la vocación por el espionaje”, celebró López tras conocer la decisión judicial.
En los considerandos de la medida se hace referencia a la “existencia previa de situaciones que en el pasado, dentro de la misma cartera educativa, implicaron prácticas de ‘espionaje’ interno, inteligencia o arbitraria intromisión del gobierno en la dinámica estudiantil o docente…”.
En los fundamentos , el fallo del Juez Roberto Gallardo cita el artículo segundo de la ley nacional 25.326 que define como datos sensibles aquellos referidos a “opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales o afiliación sindical”. También menciona la ley de la Ciudad 1.845 que prevé que “ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles (…) como condición para su ingreso o promoción dentro del sector público de la Ciudad de Buenos Aires”.
“Curiosamente, la Ley 1.845 a la que hace referencia el fallo, es una iniciativa del entonces legislador y actual jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, lo que muestra que la vocación liberal de sus años de opositor mutó en prácticas autoritarias a la hora de gobernar”, apuntó López.
Esta semana Eduardo López presentó una acción de amparo para solicitar la suspensión definitiva del nuevo sistema de inscripción on line docente, en particular el ítem que obliga a los docentes a permitir al GCBA el acceso a datos vinculados a su intimidad, a sus perfiles, a los listados de círculos, la administración de fotos y videos y la administración de contactos de Google. En todos los casos se trata de información que no tiene relación con la tarea docente.
La negativa a habilitar el acceso a esos datos impide a trabajadoras y trabajadores acceder al sistema informático y por consiguiente no pueden permanecer inscriptos en los listados que permiten acceder a puestos de trabajo.
“Esperamos que el Gobierno de la Ciudad cumpla inmediatamente este fallo y que los funcionarios entiendan que no vamos a permitir que se naturalice ni esta ni ninguna otra práctica autoritaria”, concluyó el titular de UTE-CTERA.
Se adjunta PDF con la Medida Cautelar
Buenos Aires, martes 9 de agosto de 2016.