26.08.2014. Desde el arco político siguieron las fuertes críticas al desalojo represivo de la Metropolitana. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, acusó al gobierno de Macri de arrojar a la calle a gente que “nada tiene que ver con los delincuentes”.
Por Werner Pertot
La polémica sobre la represión en Lugano avanza como una topadora. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, cuestionó la demora para desalojar el asentamiento y consideró que la forma en que se organizó el operativo fue “improvisada y una locura, porque quedó en la calle gente que no tiene nada que ver con los delincuentes”. “Podría haber terminado en una tragedia”, indicó el funcionario. “Cansa escuchar a Berni. Se trabajó muy bien y lo importante es el resultado y no las palabras”, lo cruzó el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. La represión recibió el repudio de gremios y de diversos sectores políticos. El interbloque kirchnerista organiza una sesión especial en la Legislatura.
“Hay que desalojar, pero eso no quiere decir tirar a la gente por la ventana. Dejaron a la gente tirada en la calle y no tienen nada que ver con los delincuentes”, afirmó Berni, quien aclaró que “los desalojos en la Ciudad los tiene que hacer la Policía Metropolitana”. “Si no hubiera sido por nuestra intervención, terminaba en tragedia”, dijo luego. Berni reclamó “soluciones habitacionales” para los desalojados. “El Gobierno de la Ciudad tiene que hacerse cargo de sus problemas”, remarcó.
“Me cansa un poco que Berni hable tanto”, contraatacó Montenegro en declaraciones a la Radio de la Ciudad. “Hubo 400 policías metropolitanos y 300 gendarmes, además de otros grupos de otras áreas, se trabajó muy bien. Berni lleva esto a una discusión política, sobre si Macri hace o no hace, y la gente en la Ciudad está contenta”, opinó el ministro.
No todos comparten su visión: por lo pronto, la Legislatura porteña será el escenario de una nueva sesión convulsionada tras la represión en Lugano en la que el legislador Pablo Ferreyra recibió dos perdigones de goma. La jefa de la bancada K, Gabriela Alegre, planteó que buscarán “repudiar el accionar injustificado y violento de efectivos de la Policía Metropolitana”. El legislador del MST, Alejandro Bodart, consideró que “para Vidal, reubicar a la gente es dejarla en la calle pasando frío o mudarla a otro lugar precario”.
Por el contrario, la ministra de Seguridad nacional, Cecilia Rodríguez, celebró la forma en la que actuó la Gendarmería: “El accionar brindado por Gendarmería en apoyo al operativo fue un factor clave para que no ocurrieran hechos violentos”. “Será responsabilidad del gobierno porteño el cuidado del predio desalojado”, advirtió la funcionaria nacional.
El vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto acusó a Macri de tener un accionar “muy cercano al que tuvo la Ciudad durante la dictadura”. “Las familias fueron desalojadas brutalmente”, consideró Mariotto, quien cuestionó a la jueza por “impedir que se filme la dupla siniestra de topadora y policía”. “Ante la profunda crisis habitacional que atraviesa la ciudad de Buenos Aires, es inadmisible que el gobierno de Mauricio Macri agudice esa crisis procediendo al desalojo de un predio en barrio de Lugano donde vivían 700 familias”, consideró el diputado Jorge Rivas.
Los gremios también se sumaron al repudio. Los docentes agrupados en UTE-Ctera señalaron: “Queremos a los mil niños desalojados en Lugano dentro de la escuela”. En una conferencia de prensa, junto a la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Laura Conte, legisladores kirchneristas y representantes de otros gremios, el titular de UTE-Ctera, Eduardo López, anunció que pedirá una reunión urgente con la subsecretaria de Inclusión Educativa porteña, Soledad Acuña. “Si en 48 horas no se cumple con este reclamo se realizará una ronda de prensa en la puerta de la Jefatura de Gobierno para exigirle a Mauricio Macri que se haga cargo de garantizar la escolaridad de estos mil niños y jóvenes”, advirtió.
“Repudiamos enérgicamente el desalojo y la represión perpetrados por las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad contra los habitantes del asentamiento”, señalaron desde ATE Capital. El Observatorio de Derechos Humanos porteño pidió informes sobre “la represión y heridas sufridas por vecinos y legisladores y sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la vivienda digna de las personas desalojadas.”