Una vez más una gestión encabezada por Mauricio Macri vuelve a verse involucrada en casos de espionaje ilegal, una costumbre que las y los docentes de la Ciudad ya le conocemos al partido de gobierno. En esta oportunidad la denuncia por presunto es contra la Agencia Federal de Inteligencia, por la intercepción de las casillas de correo electrónico de los periodistas Gustavo Silvestre (C5N) y Mauro Federico (Ámbito Financiero y Radio 10).
La Unión de Trabajadores de la Educación, UTE-CTERA expresa su más enérgico repudio a este delito y exige al Poder Ejecutivo nacional, a la Justicia y a la Congreso de la Nación que pongan todos los elementos a su alcance para terminar con estas prácticas que atentan contra el estado de derecho.
La denuncia formulada esta semana ante la Comisión Bicameral que controla el accionar de los organismos de inteligencia menciona la existencia de dos informes de la AFI que, bajo el título «Operaciones contra el gobierno MM (Mauricio Macri)», dan cuenta de acciones de infiltración de los correos electrónicos de los periodistas Gustavo Silvestre y Mauro Federico, desde abril de este año.
Es importante recordar que Mauricio Macri asumió procesado en una causa por escuchas ilegales, acción que se concretaba a través del ex espía Gerardo Ciro James, contratado especialmente por el ministerio de Educación de la Ciudad. Fue una causa que se sustanció lentamente durante más de cinco años para luego resolverse de manera veloz tras la llegada de Macri a la Presidencia. Fue la primera vez en la Argentina que un presidente asumió su cargo estando procesado en una causa penal.
La vocación del macrismo por entrometerse en la intimidad de las personas -de manera encubierta o mediante artilugios de dudosa legalidad- ni es nueva ni nos resulta ajena a las y los docentes de la Ciudad. En agosto de este año la Unión de Trabajadores de la Educación logró que la Justicia porteña hiciera lugar al amparo y ordenara al Gobierno de la Ciudad dejar de pedir a información vinculada a la intimidad para condicionar el acceso a cargos docentes. El amparo fue un triunfo de las trabajadoras y los trabajadores de la educación de la Ciudad que le puso un freno al abuso de autoridad del Gobierno porteño.