Las Secretarías de Nivel Superior de la UTE y del SUTEBA efectuaron el segundo y el tercer encuentro jurisdiccional de profesores que se desempeñan en este nivel. En ellos, analizamos la política que viene desarrollando el gobierno nacional y los provinciales respecto de los profesorados y su vinculación con la nueva presentación del proyecto de ley de Fortalecimiento de la Formación Docente que presentó el Senador Aguilar.
Esta presentación legislativa convive con la política del ejecutivo nacional que plantea evaluar la viabilidad o no de los ISFD. En este marco, y a lo largo de varias declaraciones el Ministro Bullrich junto a las funcionarias del INFOD Cecilia Veleda y Florencia Mezzadra plantearon nuevamente, de manera solapada, la posibilidad de cerrar institutos. Cabe aclarar que estas decisiones se encadenan a las que ya efectuaron cuando decidieron eliminar dos programas fundamentales para la inserción territorial: Derechos Humanos y Pedagogía de la Memoria, y Radios Socioeducativas en Institutos de Educación Superior.
El proyecto de Aguilar implica un retroceso en los derechos de estudiantes y profesores de educación superior, en tanto:
– exige que los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) cuenten con un porcentaje de universitarios, postitulados e investigadores categorizados en su plantel docente, y que desarrollen acciones de investigación y extensión además de docencia, retomando la “acreditación” de la Ley Federal y pone en duda la continuidad de los ISFD que no reúnan las condiciones. Para ello, el proyecto de ley establece que los institutos deben “acreditar” que implicaría establecer un ranking encubierto de ISFD volviendo de esa manera vuelve a una política educativa efectuada en los ´90.
– Introduce la posibilidad de realizar una evaluación al ingreso y egreso de la formación inicial, lo que habilita a convertir la evaluación integradora de los estudiantes de 4° año en un examen de habilitación profesional. Por otro lado, propone una evaluación para el último año que podría convertirse en un examen de habilitación para el primer puesto de trabajo en la docencia y abre la puerta a la aplicación de parámetros meritocráticos para la selección de “talentos”, y de esa manera otorgar las becas compromiso.
-Este proyecto no nombra la profundización de los espacios de democratización de los ISFD, cuestión muy desarrollada en los acuerdos federales firmados y alcanzada en importante medida en el nivel superior.
– Reduce las políticas estudiantiles de becas a los mejores estudiantes reforzando el sentido común meritocrático que cuestiona el derecho de todos y todas a la educación superior.
– Avanza en la modificación centralizada de la formación docente de grado y permanente, justificando en razones de orden económico el desmantelamiento de de una oferta tendiente a la universalización del nivel superior y avanzando por sobre decisiones en materia curricular y de organización institucional que actualmente le corresponden a las jurisdicciones.
Los profesores de los ISFD enseñan, resisten y sueñan.
En Argentina vinimos generando avances muy fuertes para nuestros Institutos Superiores como lo son la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Paritarias que permitieron la creación de programas de formación docente permanente, de normativas que proponen transformaciones curriculares y de la organización institucional para la formación docente, fomentando la creación de nuevos espacios y formas de trabajo de los profesores de dichos institutos.
Como siempre lo hemos hecho desde nuestras organizaciones sindicales de base de la CTERA, ya hemos peleado junto a los estudiantes contra este proyecto de Ley que perdió su estado parlamentario en diciembre de 2016. Lo volveremos a hacer una y cuantas veces más sea necesario ya que en cada una de las luchas está presente el mejoramiento de las condiciones de trabajo, de nuestro salario, de las condiciones de ingreso y de la pelea por el conocimiento que implica una mejor educación al servicio de nuestro pueblo.