La reducción sistemática del presupuesto educativo en la Ciudad de Buenos Aires vuelve a dejar afuera de la escuela pública a miles de familias. Lamentablemente a la vulneración de un derecho consagrado en la Constitución de la Ciudad que establece la universalidad del Jardín Maternal y la obligatoriedad de la educación a partir de los 4 años se suma la falta de información sobre aquellos que no obtienen su vacante. Recién en el mes de octubre se conocen los datos de 2017 ya que el Ministerio de Educación dejó de hacer pública esa información para no afrontar los costos sociales de admitir que no cumple con la legislación vigente.
Según la respuesta del Poder Ejecutivo porteño a la Jueza Elena Liberatori este año fueron 11.958 los niños y las niñas que no pudieron acceder al derecho a la educación en los niveles inicial y primario pese a haber solicitado su vacante en tiempo y forma. Es decír, 526 más que el año anterior.
Esta realidad que se repite desde hace años en el distrito más rico del país no dejó de profundizarse desde que asumió el macrismo. Además, se inscribe en la línea de “desescolarización” que promueve el neoliberalismo en educación y tiene como ejemplo visible la reforma de la escuela secundaria que reduce tiempo escolar para reemplarlo por prácticas laborales.
Menos escuela pública estatal y más mercantilización del conocimiento es la consigna que parece guiar las acciones educativas tanto del Gobierno nacional como del porteño.