Desde la UTE repudiamos la demanda del Gobierno de la Ciudad a familias de lxs estudiantes que participaron de las tomas de escuelas durante 2022, con el objetivo de intimidar a lxs jóvenes que ejercieron su derecho a la protesta frente a la falta absoluta de escucha de la Ministra Soledad Acuña a sus reclamos.
El Gobierno interpuso una demanda por aproximadamente 2,7 millones de pesos contra una familia relacionada con la toma estudiantil de la ESEA Manuel Belgrano, por compensaciones por supuestos “daños y prejuicios”.
Entendemos esta maniobra como un capítulo más de las persecuciones que Larreta y Acuña han realizado durante su gestión a la comunidad educativa, y exigimos que de marcha atrás con estas medidas que buscan criminalizar a la comunidad educativa y a lxs estudiantes que ejercen su derecho a la protesta.