Desde CTERA rechazamos la decisión unilateral tomada el día 4 de abril por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, consistente en la creación de la Secretaría de Evaluación Educativa, por entender que la misma desconoce lo establecido en la Ley Nacional de Educación 26.206 respecto de la existencia un “Consejo Nacional de Calidad de la Educación”.
La creación de este Consejo fue el resultado de importantes debates y para su aprobación se contó con el acuerdo de una amplia mayoría de las representaciones parlamentarias que, en su oportunidad, votaron a favor de contar con esta instancia que permite construir un sistema integral de evaluación, garantizando un proceso democrático de participación de los miembros de la comunidad académica y científica, representantes del CFE, del Congreso Nacional, de las organizaciones del trabajo y la producción, y de las organizaciones gremiales docentes.
El Ministro Esteban Bullrich, omitiendo estos marcos de política educativa, comenzó su mandato intentando imponer por todos los medios un Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa. Primero, por un decreto que la CTERA rechazó de plano en el marco de la comisión técnica paritaria; luego, instalando la idea de evaluación en la primera reunión del CFE de Purmamarca frente a todos los ministros provinciales planteando la necesidad de contar con una Ley sobre este tema que debía ser debatida en el marco del Congreso. Y ahora, de manera repentina, arbitraria e inconsulta, se firma este decreto, otorgando rango de “secretaría” a la iniciativa evaluadora que este Gobierno pretende instalar con el claro objetivo de ampliar a nivel nacional lo que ya se ha venido haciendo con el Instituto de Evaluación de la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa de evaluación del sistema que lleva adelante la cartera educativa, básicamente se concibe como un mecanismo de control y medición del rendimiento de los estudiantes y del desempeño de los docentes. Y con la pretensión de “contar con información y monitoreo para la mejora continua del sistema educativo”, en realidad se instala una política de evaluación que abre las puertas a las pruebas estandarizadas internacionales y somete al sistema educativo a los requerimientos de los dispositivos de evaluación neoliberales que ya conocimos en los años ´90, como la “evaluación de la calidad”, la formación de “recursos humanos” y la “descentralización operativa de la gestión de la evaluación” tal como figura en el texto del decreto que estamos rechazando.
Frente a esta situación, desde CTERA sostenemos que toda regulación sobre el sistema educativo debe ser el resultado de un proceso participativo de reflexión y debate; ya que la educación es un derecho ciudadano y, en un sistema democrático, las normas que atañen a los derechos deben someterse al debate público para recién poder avanzar con legitimidad hacia los acuerdos básicos y necesarios para la elaboración de las normativas correspondientes.