El día 8 de agosto entró en vigencia el decreto reglamentario de la Ley de Fortalecimiento Docente. En el mismo se plantean las penalizaciones por la renuncia o no toma de posesión de cargos u horas cátedra, que implican el bloqueo por agente (en todas las áreas, niveles y modalidades del sistema educativo) por un lapso de 30 días y, más grave aún, una penalización que modifica su orden de mérito, poniendo al docente por detrás del listado ordinario y de aquellxs que se postulen por artículo 66L. A su vez, quienes quieran concursar en actos públicos posteriores a la toma de un cargo, no podrán hacerlo en los casos que sean del mismo turno o presenten incompatibilidad horaria.
Desde UTE rechazamos fuertemente estas herramientas punitivas, ya que no permiten la posibilidad de mejorar las condiciones laborales ni salariales, así como imposibilitan de facto el acceso, en el caso de estar penalizadx, a un nuevo trabajo en el transcurso del año lectivo.
Exigimos que estas medidas se retrotraigan y se garantice el derecho al trabajo para todxs.