Desde la CTA-T rechazamos la intimación enviada por el Ministerio de Seguridad, que carece de cualquier sustento legal, y que pretende disfrazar bajo la excusa de un “pago solidario” lo que en realidad es una extorsión a las organizaciones que representan a los trabajadores y trabajadoras y que pretende vulnerar la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta.
Es falso que esta Central haya incurrido en situaciones delictivas como se señala en las Cartas Documento enviadas, y que utilizan como excusa para justificar “gastos operativos” durante la concentración del día 27 de diciembre en Plaza Lavalle, un evento que se trató ni mas, ni menos, del ejercicio pacífico de derechos constitucionales llevados a cabo por parte de la población.
Recordamos a la señora Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que conforme a la Constitución Nacional, los habitantes de la Nación Argentina, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga.
Llamamos a la reflexión al gobierno de Javier Milei para que cese en su conducta discriminatoria y anti sindical hacia la CTA y el resto de las organizaciones sindicales y por consiguiente, hacia los trabajadores y trabajadoras que cada una de ellas representan, un hecho que se hace visible a través de medidas persecutorias absurdas como las cartas documento que fueron enviadas a todas ellas.
Enrique Rositto, Secretario de Comunicación
Hugo Yasky, Secretario General