La CTA-T, rechaza en forma rotunda la Resolución 943/2023 emitida ayer por el Ministerio de Seguridad de la República Argentina, con el objetivo de restringir el derecho a la protesta social, la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades.
Utilizando el argumento de establecer un “Protocolo para el mantenimiento del orden
público ante el corte de vías de circulación”, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, introduce elementos peligrosos y violatorios del estado de derecho, como la autorización para realizar tareas de “inteligencia” sobre los dirigentes y organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, o políticas, que organicen las protestas.
Está claro que se intenta amedrentar a la población para callar las legítimas manifestaciones públicas que surgirán tras los efectos brutales de sus propias políticas de ajuste.
Recordamos que la Constitución Nacional en su artículo 14, garantiza –entre otros derechos- que todos los habitantes de la Nación gocen del derecho a peticionar a las autoridades y que resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalan que el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización.
Este rechazo, cuenta entre otros apoyos, el de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederacion Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) que representan a 333 organizaciones afiliadas en 162 países y a 180 millones de trabajadores y trabajadoras. La CSI – CSA en un documento aprobado y difundido hoy, denuncian firmemente estas acciones como un claro retroceso en términos de derechos y libertades fundamentales, e instan al gobierno a rectificar su curso y a comprometerse verdaderamente con la protección de los derechos democráticos y sociales en Argentina.
Exigimos al Gobierno Nacional, la inmediata derogación del Protocolo, rechazamos cualquier intento de cercenar los derechos de las y los ciudadanos a peticionar ante las autoridades. Este anuncio de la ministra de Seguridad deja en evidencia la determinación de criminalizar la protesta social.