Por el derecho a la Educación Superior

El martes 14 de septiembre pasado se produjo una reunión entre la Dirección de Escuelas Normales con Rectores, Rectoras y Regentes de los Institutos de Formación Docente de los niveles inicial y primario.
Allí las autoridades ministeriales comunicaron que a partir del próximo año se deberá realizar un curso de ingreso obligatorio cuya duración es de 1 mes (entre el 21-2 y el 18-3) para lo cual se reduce la inscripción de ingresantes al nivel superior, que habitualmente se hace desde octubre hasta febrero. Además, los/as ingresantes comenzarían las clases una semana después que el resto de los estudiantes. Por otro lado, dado que durante el período julio/agosto no se podría aplicar este mismo curso, no habría inscripciones en el segundo cuatrimestre.
Desde la UTE rechazamos la propuesta que pretende llevar a cabo el Misterio de Educación del GCBA de acortar sustancialmente el período de inscripciones, ya que efectivamente es el momento en que más aspirantes a ingresar se anotan en las carreras. Por otro lado, se pretende impedir la inscripción a mitad de año a las personas deciden iniciar sus estudios superiores de formación docente en los niveles primario e inicial. Ambas decisiones afectarán la cantidad de alumnos/as que ingresarán a los profesorados y cabe recordar que esta definición ministerial se produce en un contexto de falta de docentes que el mismo GCBA asume cada año que resuelve que puedan inscribirse estudiantes avanzados de distintas carreras docentes y este año no es la excepción.
Por otro lado, desde la UTE nos llama la atención esta decisión arbitraria acortar sensiblemente los períodos de inscripción de ingresantes, con un curso orientado a “paliar” los déficits de lectura y escritura que no se podrían resolver en ese breve lapso, a costa de despoblar a los profesorados sin la herramienta del sistema de inscripción ya que no hay sustento ni pedagógico ni de carácter técnico para fundamentarla.
En un contexto en el cual el Gobierno de la Ciudad plantea en su campaña la prioridad en la educación, con estas acciones evidencian la falta de inversión y políticas públicas que permitan garantizar el derecho social a la educación superior.
Exigimos más presupuesto para generar un mejor y más profundo acompañamiento a las trayectorias formativas de nuestros estudiantes y al mismo tiempo la estabilidad laboral y titularización de la planta docente de superior es un derecho que el ministerio no regulariza.