15.05.2013. Es para medir la calidad de los docentes y lo que aprenden los alumnos. Critican que se “tercerice” el sistema.
Por Gabriel Bermúdez
Aunque todavía no comenzó el debate, ya genera polémica un proyecto del gobierno de Mauricio Macri para crear un ente autárquico y autónomo que evalúe la educación y sus actores en la ciudad de Buenos Aires. Mientras las autoridades aseguran que será una instancia superadora de la actual estructura de evaluación y está en línea con lo que dispone la Ley de Educación, la oposición y dirigentes gremiales lo ven como un paso hacia la tercerización del sistema.
La directora general de Evaluación de la Calidad Educativa de la Ciudad, Silvia Montoya, dijo que el nuevo organismo “permitirá tomar distancia y analizar en perspectiva la gestión”. Opinó que con su creación “se institucionalizarán mecanismos de participación y diálogo que ya se llevan adelante desde hace 3 años con supervisores y directivos de escuelas” y aseguró que su principal vía de financiamiento será el presupuesto público.
Por la puerta abierta que deja el proyecto para que el ente reciba fondos privados, ingresaron las primeras críticas. “Estará habilitado a firmar convenios con fundaciones, detrás de las cuales hay empresas e intereses que pueden afectar su independencia”, declaró Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación. “No nos oponemos a la evaluación, pero siempre como parte de un proceso que no vaya por fuera del sistema educativo”, alertó. Según López, el proyecto, que contempla la creación de un consejo consultivo y un comité científico con especialistas, “no garantiza la participación de todos los sectores”.
Los cuestionamientos hacia la iniciativa en la legislatura se deslizan por otros ejes. Virginia González Gass, de Proyecto Sur, dijo que algunas funciones del ente “no están muy claras, ni se explica qué se hará con los resultados de la evaluación”. Delia Bisutti, de Nuevo Encuentro, enmarcó la propuesta dentro de la “política neoliberal” del gobierno, al que cuestionó por firmar dos convenios con una asociación internacional para evaluar a los alumnos porteños durante los próximos dos años, por 195 mil dólares y 75 mil euros. “Los montos son inferiores a los de las evaluaciones del tipo PISA”, aseguró Montoya y resaltó que esos acuerdos incluyen la capacitación de los evaluadores locales. La funcionaria descartó que el objetivo de las evaluaciones sea la conformación de rankings de alumnos y escuelas, metodología cuestionada tanto por los gremios como por los legisladores de la oposición. “Los rankings no le sirven a nadie”, opinó Montoya, quien ratificó que los resultados de los exámenes llegarán en forma reservada a cada director de escuela y no serán difundidos públicamente desde el Ministerio de Educación.