«No puede haber jueces que convaliden el desfinanciamiento alegando que no hay dinero para las vacantes», aseguró la legisladora Lorena Pokoik, una de las personas de la política y de las comunidades educativas que promueven el juicio político. «Se dictó un fallo a medida de Rodríguez Larreta» y que «viola la constitución», según los denunciantes.
Legisladores y legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires, junto a organizaciones sindicales, centros de estudiantes, cooperadoras y colectivos de la comunidad educativa, pidieron este lunes el juicio político a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia porteño tras el fallo en contra de una familia que reclamaba una vacante para su hijo de dos años en un jardín de infantes público. La medida judicial da lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta e indica que el Estado «no tiene la obligación inmediata de proveer una vacante a todo aquél que la solicite».
Ante este panorama, se realizó este mediodía una manifestación a la Legislatura porteña y una conferencia de prensa. Desde las organizaciones pidieron que se trate la destitución de las juezas Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg y los jueces Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano que revocaron los fallos de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones a favor de la madre del niño, que inició la demanda en el 2017. “Este fallo es inédito, le da la espalda a todo lo que hemos avanzado en materia de derechos. Además, es discriminatorio porque está basado en la mercantilización de la educación que este Gobierno viene sosteniendo. Nos parece un hecho de extrema gravedad. Deja jurisprudencia donde se dicta un fallo a medida del gobierno”, sostuvo la legisladora del Frente de Todos y vicepresidenta de la comisión de Educación, Lorena Pokoik. La diputada pidió a sus colegas del radicalismo y del socialismo, aliados de Cambiemos, que revean su postura ante este hecho. “Creemos que es imprescindible iniciar una investigación a fondo sobre el incumplimiento de deberes de los funcionarios que firmaron este fallo. No puede haber jueces que convaliden el desfinanciamiento alegando que no hay dinero para las vacantes y que por eso vayan a la privada. Es un gran disparate. Tres de los cinco integrantes han sido designados por Rodríguez Larreta y por Macri. Han sido funcionarios de su Gobierno y responden directamente a sus fuerzas políticas”, agregó Pokoik.
Por su parte, Myriam Bregman del Frente de Izquierda dijo que es “un fallo escandaloso” que no se puede cumplir porque es inconstitucional. “Viola el artículo 24 de la Constitución y todos los tratados de Derechos Humanos que hablan de la progresividad de los derechos. Políticamente es inaceptable, trata de poner un punto de inflexión, pero no nos va a parar. Que nadie olvide el nombre de esos jueces, que todos sepan quienes son. Weinberg fue propuesta como procuradora por Mauricio Macri y ahora asesora a Alberto Fernández en el consejo asesor de la reforma judicial”, denunció.
La conferencia estuvo organizada por los bloques del Frente de Todos y del Frente de Izquierda, los gremios Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Sindicato Argentino de Docentes Privado (SADOP) y Ademys. Además, sumaron adhesiones de organismos de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, APDH, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, entre otras. El secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, denunció que “el tribunal que está subordinado al poder político” y pidió la renuncia de la ministra de Educación, Soledad Acuña. “Expresa esas intenciones de un gobierno que pone como centro la educación privada, corre del centro de la escena lo que debe ser el acceso universal a la educación pública y estatal. Esto va más allá de la medida, no se resuelve el problema de miles de familias y de la mujer trabajadora de la ciudad. Esta ministra se tiene que ir, es la que baja el presupuesto todos los años, es la que denuncia y persigue ideológicamente a los docentes”, sostuvo el dirigente.
En ese sentido también se expresó la representante de UTE- CTERA, Paula Galigniana, quien lo enmarcó dentro del “lawfare porteño” denunciado por el gremio. “Estas maniobras vienen en conjunto, es el lawfare porteño, usar la justicia en contra la educación. No sobran alumnos, faltan escuelas e inversión. Falta presupuesto educativo”, sostuvo. Por el lado estudiantil, expuso Amparo López, secretaria General del Lenguas Vivas. “No es un caso apartado, es una accionar constante y muy claro de Larreta y Acuña. Siguen apareciendo estas reformas, viandas podridas. Ellos no aparecen, aparecemos las comunidades educativas que cubrimos los huecos de este Ministerio. Sin embargo nos organizamos para levantar las banderas de la educación”, indicó.
También estuvo presente el legislador del Frente de Todos e integrante de la comisión de Educación, Santiago Roberto, quien recalcó que es un “antecedente peligroso”. “Viola la Constitución porteña, que dice que el Estado debe asegurar y financiar el derecho de los niños y niñas de acceder a la educación pública a partir de los 45 días de vida. Es una sentencia vergonzosa que va en clara sintonía con las políticas excluyentes del gobierno porteño y representa un antecedente peligroso porque avala que el Estado no garantice las vacantes”, detalló.