14.01.2014En base a las más de 400 quejas recibidas de los padres afectados, el organismo que protege los derechos de los ciudadanos acusó a las autoridades de actuar con «impericia, falta de seriedad y responsabilidad en el uso de datos».
Por: Javier Borelli
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires reclamó al gobierno porteño que garantice el derecho a la educación de los cerca de 17.000 niños y adolescentes que no consiguieron vacante, y que se les inicie un sumario administrativo a los funcionarios que pusieron en marcha el nuevo sistema de inscripción online sin los recaudos necesarios. La Defensoría basó su presentación en las más de 400 denuncias que recibió de parte de los padres de los afectados, que demuestran «además de impericia, falta de seriedad y responsablidad en el uso de los datos» por parte de las autoridades educativas.
La Resolución 3188/13, que fue dirigida la semana pasada al jefe de Gabinete de Ministros porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fundamenta el pedido de sumario administrativo en haber aplicado el nuevo sistema «con impericia y falta de seriedad».
El texto solicita que se instruya «un sumario administrativo tendiente a atribuir y/o deslindar responsabilidades de los funcionarios del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires» en la aplicación del nuevo sistema.
«Debido a las graves deficiencias del nuevo sistema, que fueron oportunamente advertidas por nosotros, pedimos por medio de esta resolución se les otorgue las vacantes a los miles de niños, niñas y adolescentes que a la fecha no cuentan con un lugar confirmado», señaló el responsable de Derechos de la Educación de la Defensoría, Gustavo Lesbegueris. Para él, «haber aplicado el nuevo sistema, a pesar de las advertencias nuestras, de la Defensoría General y de los gremios, creó problemas en Primaria y Secundaria, donde nunca se habían registado dificultades y puso en riesgo datos personales de las familias».
La resolución presentada por la Defensoría se basa en el incumplimiento de lo previsto en las leyes 26.206, de Educación Nacional (arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 11, 12 y 16); la Ley 26.061, de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y la Ley 1845 de la Ciudad de Buenos Aires, de Protección de Datos Personales, entre otras normas. Lesbegueris explicó que «hasta el año pasado, los problemas para conseguir vacantes eran en el nivel inicial. Con la inscripción on line, lo que se logró fue complicar la gestión de vacantes en lo otros dos niveles».
«Nosotros advertimos semanas antes, que el sistema, que tuvo un costo de más de 15 millones de pesos, ponía en riesgo el derecho a la educación. Se hizo una prueba piloto de la que no se conoció el resultado y no se hicieron campañas informativas antes de lanzarlo», entre otras deficiencias, agregó el defensor.
En diálogo con Tiempo Argentino, Lesbegueris enfatizó que la falta de respuestas eficientes por parte del gobierno porteño puede comprobarse en el número de denuncias recibidas en la Defensoría. En la última semana se sumaron 130 reclamos a los 426 que había al momento de presentar el reclamo al gobierno.
En tanto, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, señaló que es el «propio Ministerio de Educación porteño el que reconoce el error”. Según el líder gremial, el pasado 10 de enero la cartera dirigida por Esteban Bullrich envió un informe en el que oficializa que de los 17.000 estudiantes sin vacantes, 13.211 corresponden al nivel inicial; 1585 al nivel primario y 2819 al secundario.
Sobre estos, «se está llamando primero a los casos que se generaron por reasignaciones. Una vez finalizados esos se seguirá con el resto», informa el parte ministerial. Mientras tanto, el gobierno macrista «abrió 15 escuelas donde los padres solo pueden ir a hacer consultas pero no hay respuestas para los que quedaron sin vacante», dijo López.
MULTISECTORIAL. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), junto con organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y referentes de la cultura y los Derechos Humanos se constituyeron como una multisectorial «en contra de la discriminación del gobierno de la Ciudad hacia la escuela pública». La iniciática, que recibió el nombre «Ningún niñ@ sin Escuela Pública», inició la semana pasada una recolección de firmas para garantizar las vacantes de los 17 mil estudiantes que no salieron asignados en el sistema de inscripción online.
El reclamo de la multisectorial consta de tres puntos: que se garantice a todos el pleno acceso a la educación pública laica y gratuita desde los 45 días de edad; que se abran nuevas aulas para albergarlos en lugares cómodos y dignos, sin aulas «superpobladas», «contenedoras» ni «móviles» (ver aparte); y que no se cierre ningún curso o grado durante 2014 teniendo en cuenta los problemas que provocó el inconsulto sistema de inscripción.
Además de UTE, adhirieron a la multisectorial Estela de Carlotto y Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; HIJOS, la Federación de Estudiantes Secundario, Madres y Padres por la Escuela Pública y Alternativa Popular, entre otros. «Quienes adherimos a este espacio, entendemos a la educación como un derecho humano, y por lo tanto universal, irrevocable, inalienable e irrenunciable. Es el Estado, el que debe garantizar su cumplimiento y esto implica hacer materialmente posible que todas las personas accedan al sistema educativo, generando condiciones que permitan el efectivo goce de ese derecho», señaló el legislador Pablo Ferreyra.
15 millones de pesos costó el sistema informático de inscripción on-line porteño. Para la Defensoría, los funcionarios lo utilizaron con «impericia y falta de seriedad».