14.01.2014. En el marco de la polémica generada por la falta de vacantes en escuelas porteñas, la Defensoría reclamó una solución y un sumario a los que pusieron en marcha el sistema on line de inscripciones.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires reclamó al gobierno porteño que garantice el derecho a la educación de los cerca de 17.000 niños y adolescentes que no consiguieron vacante y que se les inicie un sumario administrativo a los funcionarios que pusieron en marcha el nuevo sistema on line sin los recaudos necesarios.
La Resolución 3188/13, que fue dirigida la semana pasada al jefe de Gabinete de Ministros porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fundamenta el pedido de sumario administrativo en haber aplicado el nuevo sistema «con impericia y falta de seriedad».
El texto solicita se instruya «un sumario administrativo tendiente a atribuir y/o deslindar responsabilidades de los funcionarios del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires» en la aplicación del nuevo sistema.
«Debido a las graves deficiencias del nuevo sistema, que fueron oportunamente advertidas por nosotros, pedimos por medio de esta resolución- se le otorgue las vacantes a los miles de niños, niñas y adolescentes» que a la fecha no cuentan con un lugar confirmado», dijo el responsable de Derechos de la Educación de la Defensoría del a Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Lesbegueris.
Para Lesbegueris, «haber aplicado el nuevo sistema, a pesar de las advertencias nuestras, de la Defensoría General y de los gremios, creó problemas en Primaria y Secundaria, donde nunca se habían registrado dificultades y puso en riesgo datos personales de las familias que se registraron».
La resolución se basa en el incumplimiento de lo previsto en las leyes 26.206, de Educación Nacional (arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 11, 12 y 16); la Ley 26.061, de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y la Ley 1845 de la Ciudad de Buenos Aires, de Protección de Datos Personales, entre otras normas.
Lesbegueris explicó que «hasta el año pasado los problemas para conseguir vacantes eran en el nivel inicial. Con la inscripción on line, lo que se logró fue complicar la gestión de vacantes en lo otros dos niveles».
La resolución se basó en un estudio de los más de 400 reclamos que recibió la Defensoría de parte de los padres y que «muestran además de impericia, falta de seriedad y responsabilidad en el uso de los datos».
«Nosotros advertimos semanas antes, que el sistema que tuvo un costo de más de 15 millones de pesos ponía en riesgo el derecho a la Educación. Se hizo una prueba piloto de la que no se conoció el resultado y no se hicieron campañas informativas en las escuelas antes de lanzarlo», entre otras deficiencias, dijo el defensor.
En tanto, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, dijo que «ahora están apareciendo los casos de chicos que habiendo conseguido vacante por ejemplo por vivir cerca de la escuela, se les dice que entraron en lista de espera».
«El problema es que el sistema no había registrado a los que tenían hermanos por ejemplo; entonces, ahora, al contemplar ese criterio, pusieron en juego otra vez vacantes que habían sido otorgadas», dijo López, que anunció para mañana a las 10.30 una reunión para padres en la sede del gremio, Bartolomé Mitre 1984.