Tanto UTE como Ademys, los sindicatos mayoritarios entre la docencia porteña, convocaron a una nueva medida de fuerza. Siguen reclamando al gobierno de Larreta que respete las medidas sanitarias dispuestas por el Ejecutivo nacional.
“Por tercera semana consecutiva convocamos a un nuevo paro docente para el lunes 3 de mayo frente a la nueva negativa de Horacio Rodríguez Larreta de respetar el DNU presidencial que suspende las clases presenciales y que fue renovado hasta el 21 de mayo”, informó la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), convocando a una medida de fuerza para este lunes, igual que Ademys.
“A pesar de las presiones y de los descuentos a nuestro salario seguiremos adelante convencidos que nuestra lucha salva vidas”, plantearon desde UTE, y volvieron a reclamar la “continuidad del Plan de vacunación contra el coronavirus que se encuentra detenido desde el mes de marzo tras el desvío de 17.342 dosis otorgadas por el Gobierno nacional y la urgente entrega de dispositivos y conectividad para que todos los estudiantes puedan sostener el vínculo pedagógico virtual”.
Ademys también llamó a parar este lunes y repetirá la medida otro día de la semana que aún no está definido, según dijo a Tiempo Argentino la secretaria general, Mariana Scayola.
Las medidas de fuerza continúan pese al costo económico que implican para las familias docentes. Por el descuento de los días de paro, en algunos casos cobraron el 50% de un salario de jornada simple. En un comunicado, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) advirtió que la reducción llega a los 19.000 pesos. “Lxs docentes de la Ciudad de Buenos Aires comenzamos a sufrir fuertes e ilegales descuentos por la medida de fuerza que venimos realizando en defensa de la vida, de la salud y en cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional. Estos descuentos, que en algunos casos superan los 19 mil pesos, son claramente un castigo a trabajadores y trabajadoras que protegen la salud de la comunidad al garantizar la continuidad pedagógica a distancia en una región considerada de “alarma epidemiológica”, indicaron.
La Corte Suprema, que debía pronunciarse sobre el tema de la presencialidad a raíz de la judicialización impulsada por el Ejecutivo local, sigue demorando.
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