22.01.2014. Padres y docentes de escuelas públicas porteñas acompañados por legisladores y organizaciones políticas y sociales denunciaron frente al ministerio de educación porteño que “17.000 chicos corren riesgo de no comenzar las clases“, debido al sistema de inscripción online implementado este año por el gobierno de la Ciudad.
La protesta comenzó en la puerta de la sede de Paseo Colón del Ministerio de Educación porteño convocada por una multisectorial de padres, docentes, gremios y organizaciones sociales que se acercó al lugar con un petitorio y carteles que denunciaban “en nombre propio” la pérdida de escolaridad de miles de chicos de todos los niveles educativos.
“Más de 17.000 chicos corren riesgo de no comenzar las clases porque el gobierno porteño no garantiza la educación pública para las familias que eligen esa opción”, dijo el titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, ante una nutrida columna que se instaló frente al Ministerio de Educación, que conduce Esteban Bullrich.
López denunció que el Ministerio de Educación porteño “les dice a los padres que si no consiguieron vacante tienen escuelas privadas en el barrio para inscribir a sus hijos, algo que es inadmisible”.
“Nosotros, como gremio, defendemos la decisión de las familias que quieren mandar a sus hijos a la escuela pública como lo hacemos con los que eligen la privada, pero el Estado tiene la obligación de garantizar la educación porque es un derecho social”, dijo López.
El dirigente dijo que “no es correcto tampoco que una computadora inscriba a los chicos. Desde un inicio dijimos que el sistema de inscripción debía ser mixto: la forma virtual o la inscripción que consiste en la visita a la escuela, la charla con la directora, conocer el edificio, pero el Ministerio no dio más que esta opción”, que resultó fallida.
En tanto, Gabriel Lubo, secretario adjunto de Ademys, denunció que “el actual sistema de inscripción online encubre el inicio de un proceso de privatización que comenzó con el achicamiento del matrícula en la escuela pública”.
“Fuerzan a miles de familias a abandonar la escuela de gestión pública y a inscribir a sus hijos en la privada”, denunció.
El representante de Ademys denunció la medida como parte de “un proceso de profundización de la privatización del sistema educativo en la ciudad de Buenos Aires y cuestionó la distribución arbitraria de la matrícula que generó una superpoblación en algunos distritos”.
Una de las tantas madres que salieron a reunir firmas para conseguir la entrevista con Bullrich, Patricia Pines, tomó el micrófono “en nombre de los nenes que no tienen vacante, que en realidad son 69.000 porque nadie tiene el lugar confirmado”.
“Hablo en nombre de los que terminaron el jardín y quieren pasar a primer grado en esa misma escuela, de los que fueron abanderados en séptimo y no pueden continuar la secundaria en la misma escuela”, dijo la mujer, que salió a la calle a pedir el apoyo de la comunidad para resolver el problema generado por el sistema de inscripción implementado por el gobierno macrista.
Los carteles de la protesta informaban el nombre de cada alumno o alumna y debajo la frase: “No tiene escuela” o “Sin vacante” Mirando a las familias que con sus hijos se acercaron a reclamar un lugar en la escuela pública, Pines sostuvo: “Todos ellos tienen cercenado el derecho a la educación”.
En uno de esos afiches, se leía, escrito a mano: “En 2013: faltante de 4.858 vacantes para Inicial. En 2014: 13.211 (Inicial); 1.585 (Primaria); 2.819 (Secundaria)”.
Pines contó el caso de “Lucía, la hija de Norma y Hugo, que recibió un mail el 9 de diciembre con una vacante otorgada y días después le avisaron que no la tenía más” o el caso de “Catalina y Lucas que no consiguieron un lugar en la escuela donde venían asistiendo”.
Antes de finalizar el acto, los padres lograron entregar el petitorio con más de 10.000 firmas y un carta en la que solicitaron una audiencia a Bullrich, con las familias que no tienen vacante; el defensor general de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim; la asesora general tutelar, Laura Musa; y José Machaín, del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otros funcionarios.
En este marco, el ex legislador Francisco “Tito” Nenna cuestionó al gobierno por haber invertido en la inscripción online y en las llamadas “aulas containers” unos 41.000 millones de pesos, “monto que hubiera servido para construir ocho jardines, seis primarias o cinco secundarias”.
Además participaron del acto los diputados Pablo Ferreyra, Gabriela Alegre, María Rachid, entre otros.