CTERA alerta sobre el operativo “Autoevaluación de los Institutos de Formación Docente”
A finales del mes de setiembre del corriente año han llegado a las Instituciones de Educación Superior de las distintas jurisdicciones una serie de documentos e instructivos para llevar adelante lo que el Ministerio de Educación, a través de su Secretaria de Evaluación Educativa, ha dado en llamar la “Autoevaluación de los Institutos de Formación Docente”.
Al respecto, desde CTERA advertimos que se trata una nueva operación con la intencionalidad de generar las condiciones para la reedición de los procesos de acreditación de los Institutos Superiores, tal como sucedió en los años ´90 durante la implementación de la Ley Federal. Asimismo, este operativo echa por tierra los sentidos y significados de la idea de “autoevaluación institucional”, tal como se había construido en los últimos años desde la perspectiva del derecho social a la educación superior, tergiversando, a su vez, las definiciones que al respecto se habían tomado como políticas públicas que incluían las perspectivas de la docencia y de las organizaciones sindicales sobre la relación entre la formación docente y los procesos de evaluación.
Esta “autoevaluación” que se inicia el próximo 20 de octubre en todo el país a través de una “carga de datos”, está enmarcada en el “Operativo Enseñar” como una línea propia dentro de las acciones de la Secretaría de Evaluación Educativa, y es el resultado de una política educativa que claramente se ha centrado en la evaluación como una política en sí misma y no como un elemento más a tener en cuenta dentro de la complejidad y multidimensionalidad de los procesos pedagógicos.
Resulta totalmente falaz la afirmación de las actuales autoridades respecto a que este operativo trata de dar continuidad a lo que se venía haciendo en materia de autoevaluación institucional. Principalmente, porque ya no es desde el INFoD que se planifica la autoevaluación institucional en relación a las políticas de formación docente; por el contrario, ahora los instrumentos de recolección de análisis se construyen desde una Secretaría de Evaluación que fue creada ad hoc, y a los efectos de justificar todo el mecanismo de evaluación-control que se está llevando a cabo desde la política oficial. Desde la llegada al gobierno de la Alianza Cambiemos, los respectivos instrumentos de análisis han sido definidos arbitrariamente por esta Secretaría de Evaluación Educativa, y los mismos quedan por fuera del INFoD y desvinculados de una verdadera política de fortalecimiento de los Institutos. Estos procesos no han sido acordados ni en la Mesas Federales, ni en mesas especiales con delegados de las provincias, ni en el marco del Consejo Consultivo – donde los Sindicatos Docentes nacionales tenían plena participación-, tampoco en la mesa técnica de formación docente en el ámbito de la paritaria nacional docente, tal como sucedía hasta el año 2015.
Este nuevo operativo utiliza como maquillaje discursivo la presentación conceptual de la autoevaluación institucional como un “proceso sistemático, integral, situado, participativo y democrático”, para enmascarar el objetivo de fondo que es ni más ni menos que relevar información que pueda ser utilizada a los efectos de justificar la profundización del ajuste que ya se viene realizado en la Formación Docente. Recordamos que los recursos del presupuesto 2019 destinados a la formación docente han decrecido en un 36,3% y desde el año 2015 el INFoD cuenta con un 65% menos de presupuesto. A esta desinversión hay que sumarle el desmantelamiento de importantes áreas del INFoD, el cierre de postítulos, la caída de las becas, discontinuidad de planes de mejoras, el cierre de carreras e institutos provinciales, entre otros.
En dicho contexto, hoy se presenta este operativo de “carga de datos” donde los directivos, docentes y estudiantes quedan relegados al lugar de “informantes claves” sin haber participado en ninguna instancia de deliberación, debate y/o reflexión sobre la construcción de los indicadores necesarios para el fortalecimiento de los ISFD.
El propio documento de la Secretaría de Evaluación expresa que para llegar al “Taller de Autoevaluación institucional” existe un proceso previo que requiere de la recopilación de información brindada por los actores del Instituto. Con este fundamento se realiza una encuesta a estudiantes, docentes y rectores/directores que abarca múltiples dimensiones de la institución, que debe ser informado a la Secretaría de Evaluación a través de formularios web y/o impresos. Es decir que se está llevando adelante una evaluación externa disfrazada y presentada como una supuesta “autoevaluación institucional participativa”.
Ninguna propuesta verdadera de autoevaluación puede basarse en la utilización de instrumentos únicos, estandarizados y homogéneos para recabar información, porque, sencillamente, este tipo instrumentos no permiten captar las particularidades de cada una de ellas que es lo que constituye el objetivo principal de una autoevaluación propiamente dicha.
El hecho de que sea el gobierno central el que recoge y analiza la información genera sospechas acerca de la utilización de dicha información en contextos signados por el avance de las políticas de ajuste, mercantilización y privatización de la educación. Cuando el objetivo es recoger la misma información en todas las instituciones y a partir de ella realizar una sistematización estadística, se está más cerca de la “rendición de cuentas” que de una auténtica autoevaluación institucional.
Tal como venimos sosteniendo desde nuestra organización sindical, un auténtico proceso de autoevaluación institucional participativa se inscribe en procesos formativos colectivos y no puede quedar reducido a un instrumentos de consulta y recolección de datos. No se puede confundir participación con mera consulta. La información en un proceso autoevaluación institucional constituye un instrumento para mirar, reflexionar y actuar institucionalmente y no, tal como es presentada hoy, como elemento estructurador de la propuesta.
También advertimos que el documento menciona como países “modelo” a Perú, Ecuador, Chile y México. Estos países son justamente los que vienen avanzando fuertemente en la concepción de evaluación como “rendición de cuentas”, el pago a los docentes por mérito-desempeño, el conocimiento como mercancía y la privatización educativa. En el mismo sentido, estos son los países modelo en los que se ha instalado la realización de rankings institucionales bajo el supuesto de que la competencia institucional produce mejora.
Por lo planteado, desde CTERA sostenemos que los procesos de mejora de los Institutos Superiores de Formación Docente se tienen que sostener a partir del incremento de la inversión en el presupuesto educativo, en la verdadera democratización del nivel y en la garantía efectiva del derecho social a la educación superior y no en la mera aplicación de instrumentos de recolección de datos destinados a
reimplantar en nuestro país los procesos de acreditación y el consecuente ajuste del Nivel Superior.
Buenos Aires, 10 de Octubre de 2018