21/11/2016
En su campaña electoral, Mauricio Macri cuestionó la cantidad de Universidades creadas. En consonancia, el Ministro de Educación, Esteban Bullrich, señaló que «en Argentina hay 1300 institutos y es difícil mantener la calidad en todos ellos».
Después, la Directora del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), Cecilia Veleda, dijo en Diputados: » Estamos revisando evaluar la creación de nuevas instituciones y validar titulaciones de los nuevos institutos porque vemos con preocupación ese crecimiento inexorable sin siempre poder garantizar condiciones de calidad».
Como podemos ver, el «derrame económico» prometido nunca llega, pero este derrame, que atenta contra los Institutos, se disemina en la cabeza de los funcionarios provinciales.
Encadenadas en una Política Pública, en materia de formación docente, vemos que la subejecución es característica de estos gobiernos. Junto a ello, se vincula la Resolución del CFE 286/16 (Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021) y, como corolario, en el Legislativo nacional impulsan un proyecto de Ley que deja abierta la puerta para coartar las condiciones simbólicas y materiales de los Institutos.
Al mismo tiempo, desarman los Programas de acompañamiento a docentes noveles y no convocan a los concursos de investigación para los Institutos Superiores de Formación Docentes (ISFD), cuestión no contenida entre los objetivos del Plan Estratégico presentado por Veleda hace dos meses.
Entonces, ¿cómo cumplirá el objetivo crucial de la formación de los futuros docentes?
¿Sabías, además, que el Gobierno impulsa un proyecto de Ley Nacional (Ley Aguilar) que cuestiona los principios de la Ley de Educación Nacional?
Ese proyecto incluye el requisito de instancias de acreditación que implicarían un ranking encubierto tendiente a disminuir la cantidad de ISFD.
Asimismo, introduce la creación de nuevos cargos por fuera de los Acuerdos Paritarios consagrados a niveles nacional y jurisdiccional.
Habilita, en forma y contenido, la modificación de la formación docente: política curricular del nivel de Formación Docente, organización del gobierno institucional y del trabajo docente que atentan contra la democratización lograda en el nivel.
Propone una evaluación para el último año que podría convertirse en un examen de habilitación para el primer puesto de trabajo en la docencia.
Aplica normas meritocráticas para la selección de «talentos», otorgando becas con ese criterio.
Desde el SUTEBA y la UTE reivindicamos una Formación Docente con sentido Nacional, Popular y Democrático que apele a la igualdad educativa, incluyendo en una sociedad de exclusión.