Mientras Mauricio Macri busca un lugar en Suiza al amparo de la Federación Internacional de Fútbol sospechada de múltiples casos de corrupción, en la Argentina, cada vez que se abre un cajón en alguna oficina ministerial aparecen las consecuencias de su Gobierno y el reguero de daños provocados al conjunto de la sociedad. A la más de 100.000 computadoras y tablets y proyectores hallados la semana pasada sin repartir por una auditoría de la SIGEN se sumó hoy el descubrimiento del Ministro Nicolás Trotta que denunció la existencia en un depósito de la cartera educativa de más de medio millón de libros que no fueron entregados a sus legítimos destinatarios: las y los estudiantes de las escuelas públicas argentinas. Desde UTE y CTERA denunciamos, ya en los primeros meses de la gestión macrista, la suspensión de los planes como Conectar Igualdad, así como la entrega de libros de texto y literarios junto a los instrumentos de las orquestas infantiles y juveniles. Todos esos planes nacionales tenían que ver con una política de Estado que buscaba construir una educación de calidad para todas y todos y no sólo para aquellos sectores sociales capaces de pagarla. La decisión de Macri y su equipo de gobierno, entre los que se encontraban Bullrich y Finocchiaro, fue convertir la educación, y todos los derechos asociados a ella, en mercancía. Su obsesión ideológica por retirar al Estado Nacional de su responsabilidad igualadora llegó a límites de inmoralidad como el que representan estos libros y estos recursos de tecnología educativa arrumbados en depósitos antes que en manos de niños, niñas y adolescentes. Macri y sus funcionarios deben pagar las consecuencias políticas y legales de cada libro negado, de cada computadora quitada, de cada instrumento escamoteado, de cada derecho robado a nuestrxs alumnxs.
Ejemplo