08.07.2012 | en el comedor los pibes, del barrio de la boca
La actividad fue convocada por la Defensoría General porteña y participaron los distintos sectores sociales que se vienen oponiendo al gobierno de Macri. Plantearon la necesidad de alcanzar la unidad y de organizar sus luchas.
Más de 40 organizaciones sociales, políticas y gremiales, cooperativas, empresas recuperadas, docentes, dirigentes estudiantiles y barriales, trabajadores callejeros y artistas se reunieron ayer para compartir experiencias en la defensa de sus derechos frente a la gestión que Mauricio Macri viene llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires. Todos los presentes coincidieron en la necesidad de coordinar sus acciones y de avanzar hacia la organización de las diferentes luchas, durante un encuentro donde también se conmemoró la heroica victoria del 7 de julio de 1807, cuando el pueblo argentino repelió una segunda invasión inglesa.
La actividad, de la que participaron unas 150 personas, tuvo lugar en el barrio de La Boca, en el segundo piso del Comedor Los Pibes, y fue coordinada por la Defensoría General porteña, que encabeza Mario Kestelboim y que asiste jurídicamente a muchos de los sectores populares que se sienten avasallados por el gobierno porteño.
“Unidad” fue la palabra más escuchada en lo que podría ser la primera expresión de un frente multisectorial, constituido en la Ciudad de manera espontánea, al calor de la resistencia al neoliberalismo de los ’90 y a las políticas del macrismo en la actualidad.
Mientras se compartían empanadas, tortafritas y gaseosa, por el micrófono abierto pasaron referentes y luchadores sociales llegados de todos los puntos geográficos de la Capital Federal. Junto a “Lito” Borello, coordinador general de Los Pibes, y al defensor adjunto Andrés Gallardo –uno de los impulsores del encuentro–, fueron tomando la palabra Eduardo López, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE); Roberto “Beto” Pianelli, secretario de los Metrodelegados; y Marcelo Ruarte, integrante de la Cooperativa del Hotel BAUEN, así como estudiantes, vecinos de las villas porteñas, trabajadores de la vía pública y representantes de los distintos rubros de la economía informal.
“Seguramente, tenemos algunas diferencias, pero más cosas tenemos en común y tenemos que encontrar esos denominadores para cambiar de manos a la Ciudad y recuperarla para que esté al lado del proceso que vive hoy América Latina”, sostuvo Borello.
Por su parte, López aseguró que, “mal que le pese a Macri, vamos a construir una Ciudad que garantice la igualdad de oportunidades, la distribución del conocimiento y la formación de hombres y mujeres libres, críticos y socialmente responsables”.
Desde la Cooperativa El Adoquín, que reúne a 189 artesanos de San Telmo, afirmaron: “Somos ilegales, igual que muchos otros compañeros, pero no somos ilegítimos, porque lo que nos legitima es nuestro trabajo y nuestra organización.” También recordaron que “todos los trabajadores de la vía pública en la Ciudad somos una fuerza inconmensurable”.
“Acá estamos quienes recorrimos en estos años el camino de la resistencia a varios procesos”, resumió Gallardo y remarcó que la gestión de Macri “ha implicado una agresión sistemática y permanente para los sectores del trabajo, los barrios postergados y quienes se desempeñan en el espacio público”. El defensor adjunto aseguró que “la síntesis histórica que se está dando indica que se está acabando la etapa de resistir y está empezando la etapa de ocupar el espacio del cual nos fueron corriendo, espacios físicos y simbólicos”. Para Gallardo, el evento de ayer fue “un indicador de esta nueva etapa”, que se debe sustentar sobre cuatro ejes: “Unidad, organización, información y el compromiso de la acción.”
En ese sentido, el saldo de la actividad no sólo fue la sintonía de los discursos que se escucharon, sino también la decisión concreta de avanzar hacia una mesa de trabajo, convocada por el próximo 8 de agosto en la sede de la UTE. Allí, entre otros temas, se va a tratar una de las propuestas planteadas por la Defensoría, que busca hacer uso de una herramienta poco explorada de la Constitución porteña: la iniciativa popular, que habilita a los vecinos a impulsar, por su propia cuenta, proyectos en la Legislatura (ver aparte).
“Una herramienta para la prevención”
Sobre la propuesta de la Defensoría General porteña de recurrir a la iniciativa popular, el defensor adjunto Andrés Gallardo explicó que “muchas organizaciones traen la preocupación de cómo hacer para resolver los problemas estructurales, ya que las acciones judiciales encuentran un conjunto de límites que hacen necesarias otras fórmulas de trabajo”.
En ese marco, Gallardo definió a esta herramienta como “una forma de lograr la consolidación de los objetivos políticos y sociales, un mecanismo inexplorado en la Ciudad, un procedimiento para que los sectores populares obliguen a la Legislatura al tratamiento y la discusión de los proyectos de ley que involucran al conjunto de los vecinos de la Ciudad”.
El ex juez también señaló que la iniciativa popular “permite la eficacia de los derechos, no únicamente para asistir en el hecho consumado del daño o la agresión, sino también en la prevención”. En ese sentido, el defensor fue contundente: “No tenemos que trabajar ya cuando las familias están desocupadas o desalojadas o los chicos están muertos. Tenemos que trabajar antes, para que este modelo no siga generando desalojados, desocupados, hambreados, muertos e ignorados.”
Gallardo adelantó que la Defensoría “va a colaborar dando asistencia a todas las organizaciones que pidan asistencia para desarrollar esta actividad”.
La fecha
8 de agosto fue el día elegido para concretar la primera reunión de trabajo multisectorial, en la sede de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).