02.09.2012. Paro y acto de los docentes porteños. Una dramatización escolar del ingeniero y su ministro Bullrich evidenció la incomodidad que el disenso provoca en ambos.
Por qué nos persigue Macri? Nos descalifica, nos persigue y nos castiga porque la educación pública es buena, porque no es un negocio”, comenzó el acto Eduardo López, secretario general de Ute-Ctera, el sindicato mayoritario del gremio docente, que convocó, junto con Ademys –en representación de todas las áreas y niveles de la escuela– a una jornada de protesta.
El viernes, los docentes porteños pararon. Con 90% de adhesión, realizaron un masivo acto en defensa de la escuela pública, en repudio a la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de separar de sus cargos a seis trabajadores de la Escuela N°3 del distrito escolar 18 de Monte Castro por una dramatización sobre el cierre de cursos.
“El paro es casi total, no digo exitoso porque exitoso es dar clase con diversidad de criterio, en democracia y no castigar, perseguir y estigmatizar a quien piensa diferente”, aseguró López.
El acto agrupó a docentes, estudiantes, organizaciones gremiales, sociales, políticas, y legisladores –Tito Nenna, Juan Cabandié, Martín Sabbatella, Andrés Larroque y María Elena Naddeo, entre otros–, junto al secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Hugo Yasky, y terminó con un acto frente a la Jefatura del Gobierno porteño. En primera línea estuvieron los dirigentes gremiales y los seis docentes sancionados, quienes marchaban con una cinta adhesiva sobre la boca, simbolizando la medida aplicada contra ellos para silenciar sus voces.
El clima estuvo marcado por un fuerte tono de defensa de la educación pública y de crítica a la política “arbitraria, de persecución y de estigmatización del gobierno de Mauricio Macri”, expresó López. “Los docentes peleamos por un sistema democrático, emancipador que incluye a todos los que piensan distinto”, dijo y reivindicó a la escuela pública al definirla como lugar “de diálogo, de disenso, intercultural, que no discrimina, es de todos y para todos. La pelea es entre una escuela autoritaria como quiere Macri y una escuela pública de todos y para todos”.
Gremios en pie de guerra. Por su parte, Carlos Oroz, de Ademys, denunció que el Gobierno porteño “sanciona el disenso, persigue ideológicamente, y acá castigó por luchar contra el cierre de cursos. Que nos sancionen a todos, entonces”. Enfatizó que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, pretende igualar el disenso democrático con el abuso a menores o el robo de bienes porque la sanción que impartió es la que se aplica en esos casos. También enumeró distintos actos de “censura” que llevó a cabo la actual gestión, denunció el “0800 buchón” y subrayó que “este conflicto es entre la patronal y los trabajadores”. El dirigente llamó a “no tomar los cargos” durante el acto público que se realiza el próximo miércoles para cubrir las vacantes de los maestros sancionados y exigió “la restitución inmediata de los docentes desplazados y que cese el sumario”.
Durante el acto se sucedieron cánticos de oposición a las políticas educativas del Gobierno porteño con carteles de “Defensa de la educación pública”, “no al cierre de grados”, “no al 0800 delator y persecutorio”.
Casi al cierre de la protesta, uno de los docentes sancionados reivindicó “la dramatización” que realizaron en el colegio, tras aclarar que “no fue una ‘sátira’ como rotuló un periodista del grupo hegemónico”, y denunció que el video que se dio a conocer “está fraccionado, mal filmado, se escucha mal”, y no expresa el trabajo pedagógico que se realizó. Pidió disculpas si se sintieron ofendidos, pero defendió “el derecho de manifestar que no estamos de acuerdo” con la medida de cierre de grados.
El jueves, el Ute-Ctera presentó una acción de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad para solicitar se dicte una medida cautelar que deje sin efecto la decisión del GCBA. “No tenemos antecedentes de este tipo de represalias salvo en la dictadura”, dijo Ana Ríos, secretaria gremial de UTE. “La separación del cargo se aplican en dos tipos de casos, abuso o robo, y este no es el caso. Es un hecho gravísimo lo que ocurrió”, afirmó.
En el amparo pidieron que se deje sin efecto la separación de los maestros del cargo “ya que no se ha instruido el sumario como corresponde, se les ha prohibido que tengan un abogado no cumpliendo con el derecho a la legítima defensa”. La secretaria gremial aseguró que existe “una gran serie de irregularidades, se los ha citado en una dirección de asesoramiento y no en la unidad de sumarios, se los ha hecho esperar cuatro horas para declarar y, a pesar de que la Junta de Disciplina por mayoría dijo que el hecho en cuestión no era elemento suficiente para hacer sumario, el ministro desoyó a la mayoría e inició las actuaciones. Sólo escuchó a los representantes del Ministerio en la junta, no a la mayoría electa por los docentes”, concluyó.