30.03.2012. La Cámara Argentina de Institutos de Educación Superior reclamó la aplicación del mismo ajuste en la educación pública. El titular de UTE–Ctera, Eduardo López, le salió al cruce y también rechazó un posible avance sobre los derechos de los trabajadores.
Por Werner Pertot
La decisión del gobierno de Mauricio Macri de aumentar las cuotas de los colegios privados como mínimo un 26 por ciento no llegó sin polémica. La gestión PRO se propone recortar licencias docentes y fusionar cursos para ahorrar cerca de doscientos de los 1900 millones de pesos que recibirán las privadas este año. Por un lado, el titular de la Cámara Argentina de Institutos de Educación Superior, Claudio Santa María, afirmó que le deberían recortar el mismo monto a la educación pública, so pena de que les hagan juicios por “la inequidad” de la medida. Por otro, el secretario general de UTE-Ctera, Eduardo López, planteó “que reduzcan su margen de ganancias, porque la verdad es que les va muy bien. No toquen los derechos de los trabajadores ni les metan la mano en el bolsillo a los padres”. Desde la oposición porteña, también cuestionaron la decisión y es probable que citen a funcionarios del Ministerio de Educación para que expliquen los detalles. Los criticó, incluso, un ex ministro macrista.
El gobierno porteño confirmó a Página/12 que hará un recorte en la educación privada, aunque no dio detalles sobre cómo se aplicará. Como justificación, en el Ministerio de Educación señalaron “el contexto inflacionario y un presupuesto educativo ajustado para la educación privada”. El ajuste será de 200 millones de pesos de la educación privada: 140 millones se les recortarían a escuelas (no especificadas) y otros 60 millones se los ahorrarían por aplicar una política de no pagar más licencias a los docentes (salvo por maternidad) y por fusionar grados de menos de 20 alumnos. Una política similar a la que implementaron en las escuelas públicas y que fue muy resistida por los gremios el año pasado.
Para compensar el recorte, acordaron un primer aumento de las cuotas que va del nueve al diez por ciento hasta julio. En ese mes se discutirá la segunda parte del incremento, que los macristas fijarían en un piso de 16 por ciento, aunque los dueños de los colegios privados quieren más. Las escuelas privadas representan el 51 por ciento de la matrícula porteña, con cerca de 200 mil alumnos en aproximadamente 500 escuelas.
La medida fue cuestionada por el ex ministro de Educación macrista Mariano Narodowski: “No se entiende mucho el ajuste a las escuelas privadas en la Ciudad. El aumento de alumnos post 2003: secundaria 41 por ciento a privada, inicial 55 por ciento, primaria ciento por ciento a privada. ¿Van a sacar subsidios?”, tuiteó el ex funcionario de Macri. Narodowski ya había criticado el asueto por la iniciación de Jorge Bergoglio como Papa.
Mientras las cámaras de los colegios privados ponen el grito en el cielo, los representantes de las escuelas católicas no han dicho una palabra, lo que da una cierta idea de qué sectores no serán tocados por el ajuste. Es probable que no se recorte a los colegios que reciben el ciento por ciento de subsidios y sí a los que reciben el 40 por ciento. El representante de los terciarios privados (que reciben subsidios del 40 por ciento), Claudio Santa María, afirmó que “hagan una quita a todos por igual. Si no habrá juicios, porque no es equitativo”. Como en ese “todos” están las escuelas públicas, sus declaraciones produjeron la reacción del titular de UTE-Ctera, Eduardo López.
“Estos empresarios de la Educación Privada deberían saber que la escuela pública no deja en la puerta a nadie por no poder la pagar la cuota. En ella entra el hijo del cartonero y el hijo del bioquímico y eso implica riqueza pedagógica además de inclusión y calidad educativa. Por lo tanto, no sólo no hay que quitar presupuesto a las escuelas estatales sino que es urgente aumentarlo”, lo contradijo López.
Según un estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el gobierno porteño destina a la infraestructura escolar de la educación pública menos del diez por ciento de los subsidios a las privadas. “No nos oponemos a la existencia de escuelas privadas y respetamos y defendemos el derecho constitucional de las familias a elegir, en base a sus creencias y valores, la orientación educativa de sus hijos e hijas”, indicó López. “También queremos que se abran, sin más demora, jardines de infantes del Estado, porque hay 6800 niños que no tienen vacantes. En este caso, las familias de estos niños son discriminadas por no poder ejercer libremente su derecho constitucional a elegir a la escuela estatal y laica para la educación de sus hijos”, sostuvo el gremialista.
“En toda la Ciudad hay que construir jardines-escuelas infantiles de 45 días a 5 años, porque no hay vacantes”, indicó la legisladora ibarrista María Elena Naddeo, que presentó un proyecto para reducir los subsidios en las zonas donde hay escuelas públicas. “En los barrios del centro, norte, oeste hay vacantes en el Estado, ergo no hay que subsidiar a las privadas”, razonó. Por otro lado, indicó que “hay escuelas que tienen 60 por ciento de subsidio y cobran 2000 pesos de cuota”. “La gestión PRO autorizó a las escuelas privadas a subir las cuotas por encima del aumento salarial”, advirtió Naddeo.
“Siguen faltando vacantes a nuestros chicos para que vayan a jardines maternales. El macrismo no está dando datos precisos. La falta de vacantes sigue existiendo, sobre todo en zona sur y en la zona oeste. Una respuesta parcial que da es con los centros de primera infancia. Nosotros criticamos esa política, porque no es una educación integral”, detalló Delia Bisutti, de Nuevo Encuentro. “Hay que tener los datos precisos de cuál va a ser la política de Macri con respecto a los subsidios a la educación privada. Tenemos que ver a quiénes les van a recortar subsidios”, indicó Bisutti. “Si les quita a escuelas que no correspondía que recibieran subsidios, es un panorama. Si les va a acotar el uso de las licencias a los docentes privados, es otro”, indicó ante la falta de datos oficiales. “Necesitamos ver la relación entre la cuota que cobran, los docentes que tienen y los subsidios que reciben. Falta claridad en la información”, cuestionó Bisutti, que indicó que si la idea “es sacarles el salario a los trabajadores de la educación, no vamos a estar de acuerdo”.