AdnCiudad.com (CABA) – Cable / 03.03.2016. Luego de darse a conocer el fallo de la Corte Suprema en el que desestima el recurso presentado en torno a la posible utilización de armas Taser, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) cuestionó la decisión judicial por considerarlo un fallo políticamente lamentable.
escrito por Alejandra Lazo
La Corte Suprema de Justicia avaló el fallo que le permite a la Policía Metropolitana usar las pistolas Taser, que producen descargas eléctricas y que fueron cuestionadas por su peligrosidad, tras rechazar por «prematuro» el recurso presentado en su contra. De esa forma los ministros del tribunal desestimaron el planteo elevado con el objeto de que se impidiera la utilización de estas armas «no letales» denominadas «Taser x 26», por parte de la fuerza de la Ciudad. Frente a los términos de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, que consideró que no se estaba frente a un agravio actual del demandante, la Corte Suprema decidió no tomar intervención por razones formales y desestimó el recurso por «prematuro». Los votos que avalaron el fallo fueron los de su presidente Ricardo Lorenzetti, además de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Todo se inició con un amparo presentado por un vecino de la Capital Federal, Carlos Pisoni, que sostenía que el uso de dichas armas era de extrema peligrosidad al punto de constituir una tortura. En su opinión, había señalado que la utilización de las pistolas comprometía sus derechos personales y de los habitantes de la Ciudad- a la vida, la salud y la integridad física. La jueza de Primera instancia hizo lugar a la demanda y ordenó al GCBA que se abstuviera de usar las armas Taser. La sentencia luego fue confirmada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, para finalmente ser revocada por el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, que que la acción de amparo era «prematura» y no demostraba la existencia de un daño concreto. Ese escrito argumentaba además que todavía restaba esperar la definición de un protocolo de actuación para el uso de esa clase de dispositivos. En octubre pasado, tras ese revés judicial, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) y la Defensoría General de la Ciudad presentaron un recurso ante la Corte Suprema para impedir el equipamiento de la Metropolitana con pistolas Taser, utilizada como picana eléctrica. Sin embargo, en esta ocasión el máximo tribunal nacional consideró que era insostenible la afirmación de que fueran a ser usadas mediante un obrar inconstitucional por la policía local, porque demostraba lo hipotético del planteo, en la medida en que el demandante jamás había sido objeto de práctica alguna de parte. Desde el ODH expresaron su repudio: «La Corte, con una celeridad asombrosa, prefirió no analizar el Recurso de Queja presentado por el ODH junto a la Defensoría General, declarándolo inadmisible en su primera intervención. Esta actitud procesal, ante la gravedad institucional que significa la posibilidad de que el Estado autorice la tortura, redunda en un fallo político lamentable al permitir la legalidad de un daño a la integridad física de las personas». Asimismo sostuvo: ·Sorprende que la Corte haya dado a conocer el fallo a su agencia de noticias antes que a las partes. También resulta absolutamente desafortunado que esa agencia (CIJ) haya editorializado la noticia sobre el fallo, indicando que la Corte evaluó que nuestro planteo resultó «prematuro», cuando ese análisis no surge de ningún párrafo de la sentencia». La presentación del ODH ante la Corte fue acompañada por diferentes organizaciones que se presentaron como Amigos del Tribunal (Amicus Curiae), hecho que reforzaba la necesidad de un amplio tratamiento de los argumentos por parte del Máximo Tribunal. Amnistía Internacional, Unión de Trabajadores de la Educación (UTE – CTERA), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Agrupación HIJOS, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), APDH, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), ATE, Abuelas de Plaza de Mayo, Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH), CEPRODH, Asociación Americana de Juristas y Defensoría del Pueblo de la Ciudad entre otros organismos habían solicitado que su voz sea escuchada. «Ante este fallo vergonzoso, al haber agotado las instancias judiciales en el país sin que se haya hecho Justicia, analizaremos los pasos a seguir para hacer valer nuestros derechos ante las instancias internacionales correspondientes, a fin de poner un freno a la violación de los Derechos Humanos. No podemos permitir que se vuelvan a utilizar las picanas eléctricas en la Argentina», concluyó.