El Juez Marcelo López Alfonsín ordenó con una medida cautelar que el Gobierno de la Ciudad «que arbitre los medios necesarios a fin de que el edificio de la calle Venezuela 3158 cumpla con la normativa de seguridad pertinente» para que las niñas y los niños de esa Escuela Infantil puedan comenzar las clases. El fallo, que hace lugar a un pedido de miembros de la comunidad educativa y da un plazo de diez días al ejecutivo, se produjo un día después de que las familias y docentes realizarán un acto simbólico de inicio del ciclo lectivo en la puerta del Jardín del Hospital Ramos Mejía. De esta manera, se cae el principal argumento del Ministerio de Educación que apelaba a la falta de seguridad de ese edificio para justificar su traslado a la “Manzana 66”, lo cual operaba como un cierre encubierto. La medida judicial destaca el contexto de “falta de vacantes” en la Ciudad de Buenos Aires y constituye una respuesta urgente para garantizar un derecho que de otra forma sería conculcado por la gestión de Rodríguez Larreta.
Se trata del mismo Juzgado que, en el año 2019, ordenó la apertura de la Sala de Lactario de la misma institución que se pretendía cerrar. En ambos casos, la lucha de la Comunidad Educativa fue la clave para impedir que el gobierno porteño avance contra el derecho a la educación. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación celebramos la decisión judicial y convocamos a movilizarnos a la Legislatura de la Ciudad mañana jueves para exigir el aumento del presupuesto educativo que es la solución de fondo para generar vacantes para todxs lxs niñxs y adolescentes como lo establece la Constitución porteña.
