“Necesitamos que el Estado Nacional vuelva a participar en la educación no solo en materia salarial, sino también en lo que respecta a fondos para infraestructura escolar para evitar que haya tragedias”, sentenció Pablo Francisco, secretario de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). Entre 2018 y 2022, en la Ciudad de Buenos Aires se dio un arrastre de baja presupuestaria que afectó a la educación en general y puntualmente a la infraestructura de las instituciones públicas. “Hubo una disminución de alrededor del 50% en esos años, lo cual es significativo. Si bien ahora no hubo bajas, se viene manteniendo el presupuesto y está generando consecuencias”, amplió el secretario.
Dicho presupuesto, contó Francisco, se bifurca en dos: por un lado, se encuentra el que está destinado a infraestructura, que abarca tanto la construcción de escuelas como los problemas referentes a las instalaciones y los servicios necesarios para su funcionamiento; y, por el otro, el asignado al mantenimiento, el cual contempla la acción de cuestiones que se dan en el día a día en el cuidado de estos espacios. Respecto al primero, el secretario resaltó que se puede tratar de cuestiones “propias de los edificios escolares o también de problemas infraestructurales de la ciudad, que generan consecuencias en los establecimientos educativos”.
Una situación como tal ocurrió el pasado 15 de agosto en el colegio Mariano Acosta, cuando los directivos y docentes tuvieron que evacuar a los más de 800 alumnos debido a que se movió un caño de gas durante un arreglo que estaba realizando Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). “Era un caño que estaba en desuso. Lo que había era un residuo de gas de otro tiempo que, al tocarse, generó un olor tremendo. El susto fue muy grande sobre todo tratándose de niños tan chicos al lado”, comentó a El Grito del Sur Néstor Mascaro, docente del colegio y delegado del nivel terciario por UTE.
El edificio, que este año celebró su aniversario número 150, fue declarado Monumento Histórico Nacional, por lo que su cuidado y mantenimiento es responsabilidad del gobierno nacional. “La infraestructura no está siendo cuidada en lo más mínimo. Cuando el edificio no tiene un mantenimiento constante como lo requiere un edificio con tanta cantidad de años, la realidad es que es cuestión de tiempo que haya un nuevo incidente”, acotó el docente. Y agregó: “El marco del conflicto es nacional. Se está hablando de servicio esencial en la educación y hay que tener en cuenta que la palabra servicio dice mucho. Nosotros consideramos que la educación es un derecho y no un servicio. Lo que puede venir detrás de esta decisión es realmente salvaje”.
Por otra parte, el secretario del CyMAT refirió a otras cuestiones infraestructurales que se presentan por las coyunturas climáticas y que terminan afectando a las condiciones de aprendizaje, como fue el caso de las constantes lluvias a principio de este año que generaron filtraciones y roturas de caños. Esto sucedió, por ejemplo, en la Escuela 4 “Casimiro A. Maciel” del Distrito 18, cuando el 15 de abril se cayó el techo de una de sus aulas. “Un lunes a las 8 de la mañana, cuando llegan los docentes a la escuela, se encuentran con todo el durlock caído sobre los bancos. Esto generó muchísima conmoción. La primera actitud del equipo docente y directivo fue preservar a los niños, pero la orden fue cerrar ese aula y continuar las clases igual. La escuela funcionó unos días así, con gente trabajando en el aula afectada mientras los niños seguían yendo a la institución”, contó el referente distrital de la UTE, Ariel Russo.
Esta situación implicaba un riesgo constante tanto para los estudiantes, docentes y directivos como para los trabajadores, ya que tampoco existía la certeza de que el incidente no se repita en otra aula. “La escuela, como era una casa antigua, históricamente tuvo problemas con filtraciones cuando llueve mucho. Siempre se hizo el reclamo. El año pasado ya habían refaccionado los techos”, aclaró Russo. Frente a la preocupación y la gravedad de la situación, “nos convocan a nosotros. Todos trabajamos conjuntamente y logramos por precaución el cierre del edificio. Con la escuela cerrada se podía trabajar mejor y debo reconocer que cumplieron los plazos. Los alumnos y alumnas se dividieron en grupos y se los enviaron con sus docentes de grado a dos escuelas cercanas”, comentó el referente. Asimismo, valoró la organización de la comunidad al momento de defender los bienes comunes que los nucleaba: “Se pudo lograr justamente por la unión de familia, docentes y sindicatos. Cuando sucede eso, pasan cosas diferentes que cuando los reclamos son solamente de parte de uno de los actores”. La escuela reabrió sus puertas el pasado lunes 19 de agosto.
En el mismo sentido, Pablo Francisco mencionó que en esta época del año suelen ocurrir dificultades en torno a la calefacción de los establecimientos públicos. Laura Ramírez es docente y delegada de la Escuela Nº 6 DE 21 en Villa Lugano y comentó que las semanas anteriores al receso de invierno no hubo calefacción en el colegio. “No venía nadie de mantenimiento a arreglarlo. Decían que era una pieza que faltaba de la caldera, una válvula o algo así. Primero vino alguien de Infraestructura y después llegaron de Metrogas. Lo arreglaban, después cancelaban la válvula y se la volvían a llevar. Entre semanas, nosotros seguíamos sin calefacción”, relató la docente. Y agregó: “La solución momentánea que habían encontrado fue que los chicos ingresaran más tarde. Era un descontrol porque había chicos que se perdían las primeras horas de clase y el desayuno. Esta es una escuela de jornada completa y el desayuno es clave”.
Ramírez remarcó que recién cuando se comunicaron con el sindicato fue cuando empezaron a tener novedades: “Vinieron del sindicato y se acercaron de la comuna y referentes del Partido Justicialista. Ahí nos enteramos que había un montón de escuelas que tampoco tenían gas. Empezamos a fogonear que íbamos a hacer un abrazo y ese mismo día se comunicaron. Hasta que no tuvieron la soga al cuello, no había respuesta”. Al día de hoy, el problema fue solucionado a excepción de tres aulas en las que los aparatos siguen sin funcionar. “Este año cambió la empresa de mantenimiento. La anterior no contaba con los materiales porque el Gobierno de la Ciudad no los abastecía de determinados elementos, entonces no tenían el repuesto para arreglarlos. Esta empresa nueva detectó el problema y quedaron en la promesa en que si lo van a arreglar […] Todavía no hay fecha”, explicó la delegada.
El mantenimiento escolar, contó Francisco, es una actividad que está tercerizada y se presenta como otra de las problemáticas planteadas desde el sindicato. “Cada tres años, las empresas que cumplen esa función van a licitación. Su lógica es mercantilista y muchas veces sus necesidades no son las mismas que las de las escuelas. Ahí se genera un conflicto en el cual nosotros luchamos para que se priorice el derecho social a la educación”, amplió al respecto.
“Que se vuelva a destinar el presupuesto necesario para infraestructura escolar es otro reclamo que estamos teniendo en marco no solo de UTE en la ciudad sino de CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) a nivel nacional”, manifestó el secretario del CyMAT. Francisco finalizó: “La infraestructura escolar constituye parte de la base material sobre la cual se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como tal, es una parte fundamental para garantizar la calidad educativa ya que afecta tanto a docentes como a estudiantes”.