21.08.2014. Con los votos de PRO, UNEN y Confianza Pública se creó un Ente descentralizado del Ministerio de Educación que evaluará a docentes y alumnos. Los gremios se oponen.
Por Victoria Reale
Esta tarde se sancionó -en una acalorada sesión- por 36 votos positivos y 20 negativos la Ley de la Evaluación Integral del Sistema Educativo girada por el Ejecutivo. Mientras los legisladores dejaban en claro sus posiciones sobre el proyecto, sus discursos fueron seguidos atentamente en el recinto por representantes gremiales y docentes que no se privaron de abuchear a varios diputados.
El proyecto enviado el año pasado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, incluyó numerosas modificaciones para contar con el apoyo del bloque Unen y de Confianza Pública (Graciela Ocaña y Cristina García). Los cambios fueron realizados horas antes de que el expediente se tratara en la sesión lo que originó la protesta de bloques opositores que decían no haber tenido el tiempo suficiente para analizar las modificaciones realizadas.
Los legisladores del Frente para la Victoria, el Partido Obrero, el MST, Verde Alameda, el Frente Nuevo Encuentro y el Frente Progresista Popular se opusieron a la creación de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa que tendrá como función evaluar a los docentes y alumnos de la Ciudad.
La primera en intervenir fue Victoria Morales Gorleri, presidente de la Comisión de Educación. La diputada del PRO explicó que “la nueva ley es una herramienta para generar proyectos a largo plazo” y dijo “estar convencida de que necesitamos una evaluación del sistema educativo”. Puntualizó que la Unidad será “un ente descentralizado que depende del Ministerio de Educación. Va a poder manejar su propio presupuesto, designará sus funcionarios y tendrá que rendir cuentas sólo a la Auditoría de la Ciudad”.
Morales Gorleri aseguró que “la descentralización del ente le permitirá diseñar las evaluaciones y publicar sus resultados sin importar lo que digan las autoridades del Gobierno de turno”. Y dijo que el proyecto sigue el ejemplo de los sistemas educativos de Ecuador, Chile, México y Uruguay, que tienen institutos de evaluación descentralizados.
Desde la oposición, Marcelo Ramal, diputado por el Partido Obrero, señaló que “el mismo Estado que desfinancia la educación pública, empujando al derrumbe edilicio, la falta de vacantes y la caída de los salarios, pretende erigirse en “evaluador” y colocar en el banquillo a los docentes”. Y agregó que “el proyecto del PRO apunta a liquidar el Estatuto del Docente y, con ello, golpear las conquistas laborales de los maestros”. Su discurso fue aplaudido por muchos legisladores.
Aníbal Ibarra, legislador por el Frente Progresista Popular, felicitó sarcásticamente al PRO porque logró el apoyo de Unen solo con cambiar algunas palabras del proyecto pero no “el espíritu” de la ley. “Dicen que cambiaron ente autárquico por ente descentralizado cuando es exactamente lo mismo porque tiene personería jurídica y puede manejar sus fondos a discreción”. El organismo podrá recibir dinero de empresas privadas y eso definirá sus políticas, aseguró el diputado. Ibarra destacó que “esta nueva ley tiene como eje la disputa de poder con los gremios docentes. Es un gran error aprobar el proyecto sin el consenso de la comunidad educativa porque va a generar mucha confrontación”, concluyó.
Por su parte, el jefe del bloque Unen, Maximiliano Ferraro explicó que él y sus compañeros votaban a favor por los cambios que habían logrado introducir en la propuesta del oficialismo. “Incorporamos el artículo 9 que explica que ‘la Unidad realizará la evaluación sistemática y periódica del impacto de las políticas educativas del Ministerio de Educación, del funcionamiento institucional del sistema educativo, de las instituciones superiores de formación docente, de la práctica docente y los aprendizajes alcanzados por los alumnos’”.
La diputada por el Frente para la Victoria Lorena Pokoik manifestó sus sorpresa por el apoyo de Unen al PRO, cuando hasta hace una semana Unen se oponía al proyecto de Macri. “Los cambios son puro maquillaje para ocultar la verdadera intención del Ministerio de Educación que es la evaluación externa de los docentes, tercerizar sus funciones y recibir subvenciones de empresas y organismos internacionales”. Y opinó que “este nuevo ente intenta disciplinar a los docentes y es una herramienta de control para que el gobierno intente disciplinar a los gremios”.
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), presentes en el recinto, calificaron como “un mamarracho la ley votada a las apuradas. Esto no es más que otro intento de atacar la educación pública bajo el maquillaje de un supuesto interés por la evaluación”. Eduardo López, secretario general de UTE, expresó que “al PRO no le interesa en lo más mínimo la evaluación ni la educación, lo que hoy aprueban va a demostrar pronto su absoluto fracaso en términos educativos como ocurrió con la ley de juntas que a cuatro años de sancionada sigue sin aplicarse o la inscripción on line también destinada al papelón”.