31.10.2012. El gobierno de la Ciudad continúa con su proyecto de levantar un edificio para la Jefatura de Gobierno y algunos ministerios. «No está contemplado el factor humano; la única variable es el negocio», dijo la diputada Alegre.
Legisladores de la oposición y delegados gremiales acusaron al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, de promover un «negocio inmobiliario» en el predio del Hospital Borda, donde quiere levantar un Centro Cívico para que funcione la sede del Ejecutivo pese a un fallo judicial que frenó la obra.
El emprendimiento que el macrismo planea desde 2010 fue ratificado por el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain ante la Legislatura, donde precisó que la obra demandará un gasto de 370 millones de pesos para levantar un edificio único que reúna a la Jefatura de gobierno y al menos cinco ministerios.
El problema es el predio elegido para concretar el objetivo de «revalorizar la zona sur», ya que contempla los terrenos que actualmente ocupa un Taller Protegido dependiente del neuropsquiátrico Borda. Los trabajadores iniciaron un plan de lucha y presentaron un amparo ante la jueza Patricia López Vergara, quien ordenó la detención de las obras a los responsables de la Unión Transitoria de Empresas –conformada por Teximco, EMA y Dal Construcciones– a cargo del emprendimiento.
«La dimensión ‘persona’ parece no existir en los proyectos del PRO», afirmó la diputada Gabriela Alegre. «En la concepción de la obra no está contemplado el factor humano y la única variable es el negocio.»
La diputada porteña María Elena Naddeo que desde el Ejecutivo «se está avanzando con cambios de uso de los terrenos sin audiencia pública en la Legislatura, violando el Código de Planeamiento Urbano».
El legislador porteño del MST en Proyecto Sur Alejandro Bodart rechazó el argumento macrista que dice buscar con esa obra «la revitalización de la zona sur», ya que no se logrará «poniendo un Centro Cívico en el medio de una zona hospitalaria».
A su vez, delegados de los trabajadores del Borda denunciaron persecución por parte del gobierno porteño. Marcelo Frondizi, secretario general adjunto de la CTA y secretario general de la Junta Interna de Talleres Protegidos del Hospital Borda, dijo que «seis compañeros han sido sancionados con un descuento del salario de 53 días, un promedio de 8000 pesos por cada trabajador, de manera absolutamente arbitraria». Por su parte, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA), Eduardo López, sostuvo que «esto es el debate entre un derecho y un negocio inmobiliario».
Télam