La restricción de las vacantes en escuelas públicas
La Justicia porteña, en connivencia con el Poder Ejecutivo de la Ciudad, legalizó una nueva forma de privatización de la educación que consiste en reducir las vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad. Según el fallo del TSJ de la CABA, solo podrán reclamar una vacante en el nivel inicial del sistema público quienes acrediten que no pueden pagar una escuela privada.
A pocas semanas de los desafortunados dichos de la ministra Soledad Acuña que merecieron el repudio de toda la comunidad educativa, este nuevo ataque a la educación pública por parte del gobierno porteño no es solo anticonstitucional e ilegal, sino que constituye un avance en el proceso de privatización y mercantilización de la educación en la Argentina.
La Justicia porteña, en connivencia con el Poder Ejecutivo de la Ciudad, legalizó una nueva forma de privatización de la educación que consiste en reducir las vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad. Según el fallo del TSJ de la CABA, solo podrán reclamar una vacante en el nivel inicial del sistema público quienes acrediten que no pueden pagar una escuela privada.
A pocas semanas de los desafortunados dichos de la ministra Soledad Acuña que merecieron el repudio de toda la comunidad educativa, este nuevo ataque a la educación pública por parte del gobierno porteño no es solo anticonstitucional e ilegal, sino que constituye un avance en el proceso de privatización y mercantilización de la educación en la Argentina.
Esta nueva ofensiva contra la educación pública, universal, gratuita y laica constituye, desde nuestra perspectiva, un “lawfare” educativo. El “lawfare” –la vía judicial– es la estrategia hegemónica actual para promover y mantener el orden neoliberal. Ya la semana anterior, esta herramienta fue utilizada para denunciar y perseguir a docentes militantes sindicales por una medida de fuerza realizada en el marco de la defensa del Estatuto Docente. En este caso no se utiliza para la persecución política de determinadas personas, como suele operar hasta el momento, sino para atentar contra un derecho colectivo, el derecho humano a la educación, y avanzar en la construcción de un sistema educativo diferenciado según clase social. Como se ha estudiado largamente en el campo de la pedagogía, la configuración de circuitos educativos produce y reproduce la desigualdad social y educativa.
Con este fallo el GCBA cierra el ciclo lectivo enseñándonos una vez más que son excelentes maestros en el arte de destruir la educación pública. Nosotrxs, como siempre, haremos escuela de la lucha y la resistencia frente a la ofensiva privatizadora larretista.
Cinthia Wanschelbaum es investigadora del Conicet-IICE/UBA, profesora de la Universidad Nacional de Luján y presidenta de AGCE. Antonella Bianco y Zaira Abrahaan Hom son docentes e integrantes de la Agrupación docente-estudiantil “La Rayuela”. Paula Shabel es becaria del Conicet-UBA y educadora popular de Aula Vereda.