27.07.2013 | OPINIÓN
Cultura derecho o cultura mercancía. Indignante. El Estado utiliza recursos públicos, la plata de todos, para garantizar el acceso a un derecho. De esta manera, los honorarios de los trabajadores que hacen efectivo ese derecho no son abonados por el bolsillo de los interesados como corresponde a una economía de mercado libre.
Por: Unión de Trabajadores de la Educación | cetera-capital
Ni siquiera son pagados por algún mecenazgo ocasional. Un escándalo.» Si el derecho en cuestión fuera la educación o la salud, la adhesión a argumentos como el que encabeza estas líneas se restringiría a pequeños círculos de fundamentalistas del mercado. Esto no siempre fue así. Hubo que atravesar siglos de batallas culturales para que la responsabilidad del Estado en materia educativa o sanitaria obtuviera el consenso actual. Lo cual no significa que esta batalla esté terminada. Todavía hay quienes cuestionan el carácter de derecho social de la educación o de la salud e intentan subsumirlos a la condición de mercancías. Precisamente lo que hay detrás de la denuncia del vocero del multimedios Clarín, Jorge Lanata, sobre la contratación por parte del Estado de artistas populares o el subsidio de la industria cinematográfica, es la concepción de la cultura como mercancía. Sólo sería lícito el intercambio cultural entre quienes logran vender y quienes pueden comprar. Los docentes concebimos a la política cultural como política pública y, por lo tanto, parte de una política de Estado. A la cultura como un derecho plural, al acceso a sus producciones, desde una lógica distinta a la del privilegio económico. Es nuestra tarea docente la que nos enseña que la sensibilidad se educa, que la curiosidad se despierta. Por este sencillo y principal motivo entendemos la importancia de la universalización del acceso a la cultura. Pero además, no hay ninguna neutralidad posible. Cuando el Estado no interviene en política cultural y deja actuar solamente al mercado, lejos de ser neutral, juega a favor de grupos económicos mayoritariamente transnacionales y de la cultura dominante. Eso es el mercado como único asignador de recursos culturales. La década del ’90 también fue la de la destrucción de las identidades locales, nacionales y regionales en pos de una hegemonía cultural mercantilizada y transnacional. La cultura barrial y comunitaria, las expresiones artísticas alternativas, los artistas populares, la alegría, la sensibilidad no son meras abstracciones. Requieren que el Estado, que somos todos, invierta en ellas.