La reforma impulsada por el macrismo responde a intereses privados de las aseguradoras de riesgo de trabajo que intermedian las prestaciones del sistema, imponiendo un verdadero “cepo a los reclamos de los trabajadores” ante los incumplimientos de las ART que derivan en daños a su salud integral.
Es inconstitucional porque Implica que obligatoriamente el trabajador damnificado debe pasar por las Comisiones Médicas (integradas por médicos que deberán expedirse en cuestiones jurídicas) antes de acceder a la vía judicial en caso de que aquellas se expidan en forma contraria a la víctima de accidente. Dicha apelación tendrá carácter suspensivo del salario hasta el fallo judicial.
Además no contempla medidas de prevención de siniestros laborales y estigmatiza a los trabajadores que, por derecho, realizan demandas ante siniestros laborales.
Ante este atropello a la salud integral de los trabajadores y trabajadoras la UTE expresa su más firme rechazo considerando que el derecho al trabajo digno no de vende ni se negocia.